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La Red Argentina para el Desarme, integrada por varias ONG, quedó ayer conformada oficialmente. La entidad –cuya formación había sido anticipada por Página/12 hace dos semanas– se propone impulsar programas de canje y destrucción para reducir la cantidad de armas en manos de la población civil, eliminar las almacenadas en depósitos judiciales y policiales y modificar el sistema de control, actualmente a cargo del Renar, dependiente del Ministerio de Defensa y –según denuncian las entidades– relacionado con fabricantes y vendedores de armas.
La Red está conformada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip); por la entidad Espacios, a su vez integrante de International Action Network on Small Arms (Iansa), cuya titular es Rebecca Peters; por Red Solidaria; La Comuna, de Rosario; Asociación para Políticas Públicas (APP); la Fundación Lebensohn y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), entre otras. Sus representantes se reunieron ayer con el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra.
La entidad recibió el apoyo del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que calificó “de suma importancia llegar a una reducción drástica de las armas ligeras que circulan legal e ilegalmente en nuestro país”.