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“Vemos una terrible escalada de violencia, pero al mismo tiempo vemos un enorme desinterés de todo el mundo por resolverla. La villa no exporta violencia como quieren creer algunos, la villa la tiene adentro y como es interna esa violencia no parece importarle a nadie.” Adrián Giménez y su par Marcelo Munilla Lacasa, titulares de la fiscalía descentralizada de Pompeya, coinciden en el diagnóstico. Con jurisdicción sobre un tercio de la zona de Bajo Flores y sólo sobre un extremo de la villa 1.11.14, los fiscales no se sorprenden con un tiroteo sangriento como el que terminó con la vida de cinco personas el sábado 29. “Comenzamos a trabajar aquí hace dos años y en ese tiempo llevamos, sólo en las villas 21, Zabaleta y las de Bajo Flores, 63 homicidios”, le cuentan a Página/12.
Los fiscales no imaginaron nunca que en la de Pompeya, la última de las flamantes fiscalías descentralizadas, se frenaría el proceso iniciado por el ex procurador general Nicolás Becerra y quedarían allí, aislados, como una solitaria cabeza de playa junto a las de La Boca y Saavedra. El resto de las fiscalías de la ciudad son las de siempre y rotan como los juzgados. De esa manera, por ejemplo, el juez Domingo Altieri, al frente de la investigación sobre las muertes en el ataque narco, volverá a estar de turno en el mismo territorio recién dentro de dos años. Difícil seguirle los pasos a cualquier estructura compleja con ese diseño que responde claramente a la independencia de los jueces, pero no logra continuidad en las investigaciones.
Conscientes de esa dificultad, los investigadores de la fiscalía de Pompeya se entregaron a un trabajo casi utópico: reunir, a partir de una causa en la que apareció la estructura narco-homicida que domina la 1.11.14, varias causas judiciales en las que se investigaba al mismo grupo en diversos juzgados de la Capital. En una primera etapa siguieron el rastro de los muchachos, juntaron pruebas, hicieron inteligencia en la villa, detectaron los puntos de venta, rearmaron la red. Hombres con pasado en Sendero Luminoso, la costumbre de bajar al número uno para hacerse del poder tras su eliminación, la complicidad de sectores policiales en la máquina de recaudación, la existencia de un restaurante en donde se pueden comer hasta centollas vivas entre las casas humildes quedaron en el olvido cuando un juez de instrucción, Alberto Seijas, prefirió negarse a los allanamientos en todos las guaridas de la banda.