La compra y venta de personas para su explotación es un delito que aumenta estrepitosamente en el mundo, y la Argentina no escapa a lo que muchos consideran la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. En los últimos cinco años creció “significativamente” la trata, que en la mayoría de los casos tiene como víctimas a mujeres que son capturadas por las redes para la prostitución. Así lo revela un informe de la Organización Internacional de Migraciones, que además considera que en materia de políticas públicas en la lucha contra esta práctica el país se encuentra “rezagado”.

El estudio, desarrollado sobre la base del trabajo de esa entidad en conjunto con otras organizaciones, señala que la trata con fines de explotación sexual ocupa el primer lugar en el listado de víctimas, ya que representa el 70 por ciento de los casos registrados durante 2005-2006. Luego, en el segundo puesto se ubican los trabajos forzados, ya sea en fábricas textiles –como ocurrió en los talleres de Caballito donde murieron calcinados ciudadanos bolivianos– o en tareas agrícolas en el norte del país. Sigue después la explotación para pornografía.

“La pobreza, la marginalidad y el desempleo que sufre la población –advierte el informe– los convierte en presas fáciles para las redes de tratantes que los obligan a dejar a su familias para emprender viajes donde la única paga al llegar es el maltrato y la humillación.” La Argentina presenta un considerable nivel de trata interna, es decir, de víctimas trasladadas de una provincia a otra. En menor medida registra casos de “importación” de personas de Paraguay, Bolivia, República Dominicana y Perú y “exporta” a su vez mujeres hacia Chile, México, Estados Unidos y Europa. En el caso de Paraguay, el 52 por ciento de las víctimas tienen como destino el país.

La OIM reconoce en su investigación que hubo avances en el combate de este delito, pero que “todavía hay varios obstáculos a vencer para erradicar la práctica”. “Uno de ellos son las nulas o casi nulas políticas públicas implementadas por el Estado nacional: se carece de una estructura normativa e institucional permanente y formal que facilite la tarea. La mayor parte de las instituciones y organizaciones que están desarrollando acciones lo hacen movidas por casos particulares, en forma reactiva y sin contar con los recursos adecuados”, sostiene.

Por esta situación, el informe destaca que “sería muy importante contar en el corto plazo con un decreto presidencial que permita organizar sin demora un Plan Nacional de Prevención de la Trata y asistencia a las víctimas. Ello permitirá iniciar un trabajo más integral, organizado y permanente para hacer frente al problema”.

La falta de estudios e investigaciones que den cuenta de la magnitud del fenómeno de la trata es otra de las trabas que no permiten avanzar en el combate. Aunque no es sólo un problema de la Argentina sino que alcanza a otros países del Mercosur, a excepción de Paraguay, donde la OIM realizó un mapa sobre la situación. En este momento, el organismo internacional está llevando a cabo investigaciones en Argentina, Chile y Uruguay que estarán listos a fines de este año.

Para entender la dimensión de la trata de personas, que ocupa el segundo puesto como actividad lucrativa en el mundo, después del tráfico de drogas, un informe de la Organización Internacional del Trabajo indica que existen más de 12 millones de trabajadores que practican el trabajo forzado y las ganancias generadas por la explotación de personas se estima en unos 32.000 millones de dólares, lo que equivale a un promedio de 13 mil dólares para cada persona tratada.

Informe: Elisabet Contrera