La violación a la niña wichí ocurrió hace dos años, en una comunidad llamada Hoktek T’oi (Lapacho Mocho), a 18 kilómetros de la localidad de Tartagal, sobre la Ruta 86. La nena tenía entonces alrededor de 10 años, aunque no se sabe con exactitud la edad: según su DNI tenía 9, según su madre, Teodora Tejerina, que dice que la inscribió en el Registro Civil dos años después de su nacimiento, once.

Teodora denunció el hecho en la Fiscalía Penal Nº 2 del Distrito Judicial Norte, luego de que la maestra de la pequeña notara el embarazo y le preguntara a la mujer sobre su origen. Tejerina señaló a Ruiz, su concubino e hijo del chamán de la comunidad, como autor de la violación de su hija. En el expediente judicial consta un acta labrada por el fiscal en lo penal Nº 2 donde se consigna que la mujer afirmó que fue amenazada por Roque Miranda, cacique de su comunidad, quien le dijo que si denunciaba a Ruiz ella también quedaría presa y que la sacaría de la comunidad. Tejerina agregó que se sentía atemorizada por la denuncia que estaba haciendo, pero que temía que su concubino “les haga lo mismo a sus otras hijas”. La acompañó a radicar la denuncia la directora de la Escuela Paraje Km 14 Nº 4744, Dora Elena Carrizo, adonde concurría la niña.

A la semana que la niña diera a luz, la madre y algunos miembros de su comunidad salieron a pedir la libertad del imputado. Tras el fallo de la Corte, Ruiz volvió a ser procesado y continúa preso. Su abogada defensora, América Alemán, sostiene que la niña dio su consentimiento en la relación sexual, “lo que implica que desaparecen los derechos de ella y los de él para pasar a prevalecer el derecho comunitario. Además –dijo Alemán al diario El Tribuno de Salta–, de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad, la chica no es una menor porque desde el momento en que comenzó a menstruar abandonó su condición de niña para convertirse en mujer”.