Cuatro meses después del polémico pronunciamiento de la Corte salteña, la dirigente wichí Octorina Zamora presentó una denuncia por discriminación en el Inadi contra los jueces Guillermo Posadas, Omar Antonio Silisque y María Rosa Ayala, quienes en una sentencia del 29 de septiembre de 2006 anularon el procesamiento por abuso sexual con acceso carnal reiterado de José Fabián Ruiz, de 28 años, y ordenaron que se lleve adelante otra vez la instrucción de caso a la luz de los preceptos constitucionales que garantizan el respeto a la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Particularmente pidieron que se pondere una pericia antropológica, presentada por la defensa, que sostiene que es “costumbre ancestral” entre los wichís que “las mujeres puedan mantener relaciones sexuales consentidas a partir de su primera menstruación”.

La cuarta integrante del tribunal, María Cristina Garros, votó en disidencia y sostuvo que no puede declararse inaplicable la ley penal nacional por “los derechos derivados de su condición de indígena y de su identidad cultural, a menos que no se confiera a estos últimos una condición de derechos universales absolutos que no poseen”. Y además consideró que el acceso carnal a menores “de modo reiterado hasta alcanzar su embarazo, bajo la modalidad de supuestos consentimientos en virtud de relaciones matrimoniales aceptadas en ciertas comunidades indígenas, resulta objetivamente violatorio de los derechos a la integridad personal y a la dignidad del ser humano”, que no deben dejar de aplicarse a la niña “por la circunstancia de que víctima y procesado pertenecen a la comunidad wichí”.