El Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad distribuye la anticoncepción de emergencia (AE) en los hospitales porteños desde 2003 para que sea entregada gratuitamente, y desde 2005 el método está disponible en las guardias. Pero una investigación realizada desde la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (Conapris) encontró que médicos tocoginecólogos, es decir, especialistas, de hospitales porteños, creían –erróneamente– que la píldora era ilegal o desconocían su situación legal y estaban convencidos –también erróneamente– de que tenía un mecanismo abortivo. Y aún más preocupante, pocas veces los entrevistados informaban a sus pacientes en las consultas por anticoncepción sobre la existencia de ese recurso para prevenir un embarazo no deseado luego de una relación sin protección.

El estudio fue realizado por el médico Fabián Portnoy, miembro del Equipo Coordinador del Programa de Salud Sexual y Reproductiva porteño, investigador externo del Cedes e integrante de la Federación Argentina de Medicina General. “Me sorprendió el desconocimiento muy grande que tenían sobre el marco legal en relación con la anticoncepción de emergencia”, comentó a Página/12 Portnoy. Muchos de los entrevistados –casi 60 ginecólogos y tocoginecólogos de 10 hospitales porteños– desconocían que es legal.

La investigación se realizó en 2006, pero sus resultados recién trascienden a la prensa ahora. A partir de esos “preocupantes hallazgos”, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad puso en marcha a lo largo de 2007 una serie de acciones: se brindaron cursos de capacitación a médicos de guardia, se editó una guía técnica sobre anticoncepción de emergencia que se distribuyó en todos los hospitales porteños y se imprimieron afiches, con detalles sobre su uso y su acción, para pegar en guardias y salas de espera. “Esperamos que los conocimientos sobre la píldora de emergencia hayan mejorado, pero sabemos que todavía queda mucho por hacer para facilitar la accesibilidad a la población a este recurso para evitar embarazos no deseados”, consideró Margarita Berkenwald.

La investigación consistió en 30 entrevistas a tocoginecólogos de guardia de los hospitales Alvarez, Durand, Ramos Mejía, Penna, Piñero, Pirovano y Rivadavia. Y también se realizaron grupos focales en los que participaron 27 profesionales de los hospitales Zubizarreta, Pirovano, Vélez Sarsfield y Rivadavia.

De los testimonios surge que los médicos tienen una mayor conciencia de la utilidad de la anticoncepción de emergencia para prevenir problemas de salud (como abortos y sus potenciales complicaciones) que para actuar en la prevención de embarazos no deseados. Algunos, incluso, se oponen a recomendarla poniendo en juego prejuicios y estereotipos. “En realidad, yo para lo único que acepto la AE serían los casos de violación o los de fuerza mayor, donde la mujer no pudo hacer nada para acceder al método anticonceptivo. Me cuesta aceptar la situación de que no se cuidó”, dijo un de los médicos entrevistados. “No la indicaría. En los hospitales se dan anticonceptivos gratis, se ponen los DIU gratis... ¿No eligió? Cuando uno no elige, bueno”, contestó otro especialista. Para Portnoy, “este tipo de argumentaciones muestran cómo muchas acciones que se imparten desde le sistema son evaluadas y decididas con criterios subjetivos y valorativos que poco tienen que ver con los fines de la salud pública y que desconocen los derechos de las usuarias”.

De todos los médicos que respondieron, sólo el 17 por ciento señaló que informa siempre o casi siempre a sus pacientes, en una consulta por anticoncepción, acerca de la existencia de la AE.