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En el Presupuesto actual se destina 6125 millones de pesos para inversión pública, pero se estima que la ejecución apenas superaría los 4000 millones. Si se mantiene ese nivel el año próximo, la inversión quedaría por debajo del 1 por ciento del PIB, nivel similar al piso histórico de 2002 e inferior a los niveles de inversión pública que rigen en países de ingreso medio como México y Chile, donde se destina el 2,5 y 5 por ciento del PIB, respectivamente.
Con esos recursos el Gobierno deberá paliar los problemas de vivienda de 3 millones de familias, de los cuales el 20 por ciento reside en hogares irrecuperables, el 57 por ciento en viviendas que deben ser completadas o recuperadas y el 24 por ciento en lugares que son inadecuados para el tamaño de las familias que los habitan. Se estima que por año se forman 118 mil nuevos hogares, de los cuales, por lo menos 50 mil, deben ser asistidos por recursos públicos porque su condición socio-económica no les permite por sí solos resolver el problema habitacional. Hasta junio de 2003 apenas 24 mil viviendas estaban en construcción. Por lo que ni siquiera se llegaba a abastecer ese crecimiento “vegetativo”.
La falta de inversión en obras de infraestructura es otro problema pendiente. Según un reciente informe del Banco Mundial, sobre un millón de viviendas rurales relevadas un 63 por ciento no dispone de retrete con descarga de agua y apenas el 43 por ciento de la población rural tiene acceso al agua potable. En el informe se remarca también la necesidad de mejorar las redes de agua existentes, construir desagües cloacales y arreglar los caminos secundarios para favorecer el transporte a los centros de comercialización y embarque.
El profesor Salvador Treber, de la Universidad Nacional de Córdoba, remarcó ante Cash el desconcierto que le generan las recomendaciones del Banco Mundial. “Por un lado nos alertan sobre la necesidad urgente de invertir y por otro nos presionan para que ampliemos nuestra capacidad de repago de la deuda”, señaló Treber.