Musa Azar, quien figura en el libro "Nunca Más" y permanece detenido y procesado por el denominado doble crimen de La Dársena, se abstuvo a declarar ante el juez Guillermo Molinari. En una causa similar, Musa Azar responsabilizó a los ex gobernadores Carlos Juárez y Mercedes "Nina" Aragonés, en la detención y desaparición de personas antes del golpe militar de 1976.

"Una vez detenidos e interrogados Juárez ordenaba que sean entregados a distintas unidades del Ejército", dijo Musa Azar en una indagatoria ordenada por Molinari, quien investiga la desaparición de personas antes y durante la última dictadura militar.

En anteriores indagatorias, Musa Azar se mantuvo en silencio al negarse a prestar declaración, al igual que otros ex jefes policiales que durante la década del 70 integraban el Departamento de Informaciones (D 2), denominada la "Gestapo santiagueño", desarticulada en 2004 por el ex interventor federal Pablo Lanusse.

Las detenciones surgieron a las pocas horas que el ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, entregara archivos secretos al juez Molinari, que involucran a ex jefes policiales y militares en la desaparición de personas. Se trata de la causa en la que Juárez está imputado por los delitos de "autor intelectual de apremios y torturas" y de "jefe de asociación ilícita" en la desaparición de 30 personas durante el gobierno constitucional entre 1973/75.

En la misma causa también se encuentran acusados los militares Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Bussi, Jorge D'Amico y Musa Azar. También fueron imputados por "privación ilegítima de la libertad, torturas y apremios ilegales" los comisarios Ramiro López, Miguel Garbi, Juan Bustamante, Roberto Díaz, Jorge Brau, Correa Aldana y el fallecido Noly García, en todos los casos retirados de las fuerzas de seguridad.

En otro procedimiento, un centenar de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad comparecieron en el Juzgado Federal de Santiago del Estero para permitir la extracción de sangre para un banco de datos de ADN. Los exámenes serán comparados con los restos humanos que se sospecha se encontrarán en cementerios clandestinos de las localidades santiagueñas de Sumamao, Arraga, Pozo Hondo e Isla Verde, trámite que aún sigue sin concretarse.