En el acuerdo de esta mañana, el máximo tribunal decidió notificar la demanda al Estado y le otorgó un plazo de 60 días para que conteste, consignó un informe de prensa de la Corte.

Además de la declaración de inconstitucionales de las normas sobre retenciones a las exportaciones, la provincia puntana reclama la diferencia entre lo que obtuvo en materia de coparticipación tributaria y "lo que hubiese percibido de no haberse aplicado" la norma que busca impugnar.

El planteo, firmado por el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, expuso que el régimen de retenciones móviles al agro afecta la coparticipación federal de impuestos.

La decisión de la Corte de tratar el tema se produce luego de que se conociera un dictamen de la procuradora fiscal Laura Monti, quien semanas atrás opinó a favor de la competencia originaria del máximo tribunal.