Argibay explicó que la Corte aceptó la presentación "por una cuestión de competencia" ante "los dos personajes involucrados", ya que "no hay ningún juzgado que pueda intervenir en un conflicto entre la Provincia y el Estado nacional".

Ratificó que el Gobierno tiene 60 días para responder y consideró que "probablemente tengamos que hacer alguna audiencia pública, o algo así", mientras calculó que el pronunciamiento podría producirse en "un año, con suerte, y viento a favor".