El fallo de la sala 2, confirmó también el dictado por el juez federal Ariel Lijo en diciembre del año pasado cuando impuso penas a 25 años de prisión al coronel Luis Arias Duval; a 23 años para Waldo Carmen Roldán; a 21 años para Carlos Gustavo Fontana a 21 años y a 23 años al agente civil Julio Héctor Simón, conocido como el Turco Julián.

En tanto, al coronel Pascual Guerrieri, cuyo nombre encabezó la causa 26.349, el fallo de los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun lo benefició con una reducción de la pena de 20 a 16 años de prisión, aunque manteniéndole como a todos la inhabilitación especial por 10 años.

El fallo de alzada confirmó que los militares y auxiliares integraban una asociación ilícita "destinada a cometer delitos cuya acción contribuyó a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional" y que los crímenes cometidos se inscriben en la categoría de "lesa humanidad".

Consideró que la asociación ilícita operaba "con una organización militar o de tipo militar, que disponía de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo, que operaba en más de una de las jurisdicciones políticas del país y estaba compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad".

También que esa organización "concurre en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad calificada, por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones, o sin las formalidades prescriptas por ley".

Estos delitos fueron cometidos en perjuicio de Angel Carbajal, Julio Cesar Genoud, Verónica María Cabilla, Lia Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky.

Se trataba de militantes que integraron la denominada "contraofensiva" montonera de mediados de 1980 y de cuya detención y aniquilación se vanaglorió públicamente en abril de 1981 el general Nicolaides, que entonces se desempeñaba como comandante del III Cuerpo del Ejército.

La cámara confirmo que durante el juicio "se ha probado que entre esas personas que fueron interceptadas y secuestradas por personal del Ejército Argentino en distintas zonas del país se hallaban las víctimas de los hechos materia de este pronunciamiento, de las cuales varias fueron mantenidas en situación de detenidas dentro de centros clandestinos".

Los procedimientos, añaden los camaristas, fueron realizados "mediante la intervención clave del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, tanto en la obtención de la información necesaria para localizar a estos individuos, así como en los operativos que culminaron en su privación de libertad y en la forma en que aquellos fueron albergados en centros clandestinos, con objetivos y modalidades cuidadosamente planificadas".

Nicolaides está siendo juzgado en estos días en otro juicio por desaparición de presos políticos en el regimiento 9 de Infantería de Corrientes.

La Cámara confirmó que el ex militar, que ocupó la jefatura del ejército luego de la guerra de Malvinas, deberá cumplir su pena de prisión, que es domiciliaria por tratarse de un octogenario, hasta el año 2027.