La denuncia fue hecha por el abogado español Rafael Caro Moya, quien asegura que el fraude fue perpetrado en la maniobra por la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) traspasó Aerolíneas Argentinas SA (Arsa) a la firma Air Comet, propiedad del Grupo Marsans, según informa en su último número la revista Veintitrés.

Caro Moya presentó una querella en la justicia española basada "en la suposición de los delitos de desvío de fondos públicos, fraude fiscal, falsedad documental y estafa procesal", dijo el denunciante en una entrevista con ese semanario.

"Cuando Arsa pasa a manos de Air Comet, el contrato estipulaba que la Sepi le aportaría, mediante Interinvest, 300 millones de dólares para el pago del pasivo que figuraba en el concurso de la aerolínea; a ese dinero se le dio otro fin y hay pruebas de ello en la causa", explicó.

Al ser consultado sobre las pruebas, Caro Moya dice que el Tribunal de Cuentas Español "certificó que, del monto entregado por la Sepi, U$S 273 millones fueron usados por Air Comet no para pagar la deuda, como fijaba el contrato, sino para subrogarse en la posición de acreedor, acceder al concurso y dominarlo".

"Es decir, en vez de sanear el pasivo, Air Comet se transformó en acreedor de una deuda que debería haber pagado con fondos públicos", puntualizó.

El letrado argumenta que, al dominar el concurso, Air Comet hizo una quita del 60 por ciento de la deuda, lo que perjudicó a otros acreedores minoritarios, quedándose con el 40 por ciento del crédito -unos 114 millones de dólares-.

"Ese dinero quedó en Arsa a cuenta de futuras ampliaciones de capital, y parte de las acciones compradas con esa plata son las que ahora pasarían al Estado argentino", consignó.

Además, el abogado español sugiere que podría haber más dinero cuestionado, ya que la Sepi transfirió a Air Comet unos US$ 800 millones, los 300 denunciados y otros 500 "para reflotar la aerolínea", y sobre ese monto el Tribunal de Cuentas de España "duda de la justificación documental de cómo ha sido dispuesto".

El querellante afirmó que el abogado en representación del Estado argentino "impugnó los balances de Arsa en 2002, 2003 y 2004", al entender que "que eran fraudulentos porque seguían vigentes en el pasivo esos famosos 300 millones que tendrían que haber sido cancelados con el dinero de la Sepi".

En ese sentido, Caro considera que Argentina "no tendría que poner un peso por Aerolíneas, porque esas acciones que está vendiendo las ha comprado con fondos que tenían otro destino, y porque la deuda de 900 millones de dólares que hoy tendría Arsa es posconcursal". Según el abogado, el caso "casi no tuvo repercusión en medios españoles" y vincula ese hecho a que "los imputados son grandes empresarios". La causa se tramita hace tres años en el juzgado 35 de Madrid, a cargo de la jueza de instrucción Gemma Gallego.