La Corte Nacional Electoral (CNE) dio por cerrada las polémicas sobre la realización del referendo revocatorio, del próximo domingo, de los mandatos del presidente, vice y ocho de los nueve prefectos, después de que todas las autoridades electorales departamentales (provinciales), incluida la de Santa Cruz, decidieron administrar la consulta.

Por otra parte, pese a sus cuestionamientos, los prefectos (gobernadores), con excepción del de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, resolvieron someterse a ese referendo e intensificaron sus campañas proselitistas, igual que el gobierno, que comenzó con varios cierres de campaña por el "Sí" para ratificar al presidente Evo Morales y al vice, Alvaro García Linera.

El titular de la CNE, José Luis Exeni, ratificó hoy que el porcentaje mínimo para revocar un mandato será el del 50 por ciento más uno de los votos, salvo el caso de Morales y García, para los que será necesario un sufragio más del 53,74 que obtuvieron al ser electos, según la modificación introducida por ese organismo.

García Linera y el presidente Morales, sin definir una postura firme, señalaron que se tomará en cuenta esa "sugerencia" de Exeni, pero aclararon que la CNE no tiene facultades para modificar la ley de convocatoria, lo que deja abierto un amplio margen de incertidumbre sobre los resultados que se conozcan el domingo.

La ley de convocatoria del referendo fija en todos los casos la revocación de los mandatos sólo con un voto más que aquellos con los que las autoridades fueron electas, lo que disminuye el porcentaje para echar a los prefectos, pues sólo obtuvieron entre 38 y 48 por ciento de los sufragios.

"No debería haber más confusiones ni dudas", afirmó Exeni, citado por la Agencia Boliviana de Información (ABI), al referirse a las controversias sobre los porcentajes, acciones judiciales y denuncias de fraude con el padrón electoral.

Las últimas encuestas difundidas por la prensa boliviana -una en el diario El Deber de Santa Cruz y otra en La Razón de La Paz- coinciden en que Morales será ratificado en su cargo con el 59 por ciento de los votos válidos, y por lo tanto quedará fortalecido ya que superaría el porcentaje obtenido en diciembre de 2005. Pero esas mediciones difieren en el número de prefectos opositores que pueden ser echados o confirmados. Ambas dan por seguro que Rubén Costas, en Santa Cruz, y Ernesto Suárez en Beni, serán ratificados en sus cargos y José Luis Paredes, de La Paz, echado. Pero una incluye al de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, entre los prefectos que deberán dejar su puesto.

En tanto, dirigentes cívicos opositores de la denominada "media luna" (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) iniciaron una huelga de hambre en defensa del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que el gobierno les recortó para pagar una renta universal a la vejez, y si bien calificaron al revocatorio de "ilegal", aseguraron que participarán del mismo el próximo 10 de agosto.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, aseguró que esa consulta está "fuera del marco constitucional", pero aclaró que la huelga de hambre "indefinida" que él mismo comenzó con otras 24 personas, nada tiene que ver con eso, por lo que "los huelguistas votarán y se coordinará con la Corte Departamental Electoral (CDE)".

Por otra parte, los presidentes de la Argentina, Cristina Fernández, y de Venezuela, Hugo Chávez, se reunirán mañana en Tarija con Morales para impulsar acuerdos energéticos, pero también será un inocultable gesto de apoyo al mandatario boliviano a seis días del referendo.

En tanto, el presidente Morales decidió hoy no ir a Sucre para la fiesta patria de Bolivia, el próximo 6 de agosto, porque el Comité Interinstitucional (Cívico) de Chuquisaca y la prefecta opositora, Savina Cuellar, "no ofrecen garantías" para una celebración pacífica, según denunció el canciller David Choquehuanca, citado por la agencia cubana Prensa Latina. En respuesta a la decisión de la Prefectura de Chuquisaca de excluir al presidente Morales de la celebración del 6 de agosto hasta que no pida perdón por la violencia del 2007, cuando la Constituyente rechazó el debate sobre la capitalidad plena de Sucre, la Federación de Pueblos Originarios advirtió a Cuellar que no será recibida en el interior de su propio departamento.