Miércoles, 6 de agosto de 2008 | Hoy
14:38 › UN MéDICO A LA DERECHA
Un profesional del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación llegará mañana para examinar al represor Antonio Bussi y determinar cuándo puede volver a comparecer en el primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos en Tucumán.
José María David, forense de la Corte, confirmó hoy que irá mañana a Tucumán y, mientras tanto, solicitó que el ex gobernador (1995-1999), quien permanece internado en un centro privado de cardiología, sea sometido a una serie de estudios, según informaron en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
David estuvo el lunes en la capital tucumana, oportunidad en la que revisó al militar retirado y concluyó que estaba en condiciones clínicas de asistir al juicio oral, cuya primera audiencia quedó inconclusa ayer porque Bussi adujo fuertes dolores de pecho, razón por la que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes, a las 9.30.
El estado de salud de Bussi, respecto del cual aún no hubo un parte médico oficial, genera incertidumbres acerca del futuro del juicio, teniendo en cuenta que el Código Procesal Penal de la Nación establece que, una vez abierto el debate, sólo puede ser suspendido por un término de hasta diez días hábiles si, por ejemplo, "uno de los imputados se enfermara".
Si David determinara que, por sus afecciones cardíacas, Bussi debe permanecer internado durante un tiempo mayor al que fija el Código Procesal, el Tribunal Oral tendrá que determinar si aplaza el juicio o si, por el momento, sólo continúa con el otro imputado, Luciano Benjamín Menéndez.
En la Argentina no es posible que una persona sea juzgada penalmente en ausencia, razón por la que la audiencia inaugural de ayer era fundamental, porque en ella debía quedar fijada la acusación que pesa sobre los imputados para que estos puedan defenderse y, finalmente, emitirse una sentencia válida.
La indisposición que invocó Bussi y que ratificó el médico Mario Galmes, quien atendió al militar retirado durante un cuarto intermedio que había sido dispuesto, impidió que pudiera leerse completamente la imputación que pesa contra los ex represores por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse, en 1976.
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