Tras 17 horas de discusión en el primer día del diálogo nacional, el gobierno ofertó, según el vocero presidencial Iván Canelas, "garantizar" la autonomía departamental (provincial) a través de una mejora de ese capítulo de la nueva Constitución.

El gobierno recomendó también a los prefectos de la oposición, la elección democrática de subprefectos y consejeros departamentales (legisladores provinciales) "para profundizar el proceso de descentralización y de autonomía", según fuentes citadas por el diario paceño La Prensa.

La propuesta fue rechazada por los prefectos, según esas mismas fuentes, y pidieron que "se revise todo el contenido de la nueva Constitución, no sólo el capítulo de las autonomías".

En tanto, los movimientos sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) aumentaron la presión sobre Cochabamba, sede de las deliberaciones, donde cientos de mineros marcharon arrojando "cachorros" (pequeños cartuchos) de dinamita.

El presidente de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), Fidel Surco -organización que agrupa a los movimientos sociales del oficialismo- afirmó que están en Cochabamba para "impedir que se realicen cambios" a la nueva Carta Magna.

Por su parte, el prefecto de Tarija, Mario Cossío, aseguró hoy que el diálogo con el gobierno "está frágil" y calificó de "muy mala señal" la movilización de mineros alrededor de la sede de las deliberaciones.

"Le pido al Gobierno que no mueva gente, que nos deje dialogar porque si va a traer buses y buses de gente que pone cohetillos (petardos) cuando uno está dialogando, no sirve y eso puede dañar el diálogo", advirtió Cossío, citado por el portal paceño Ultimas Noticias.

Cossío también pidió que el departamento (provincia) de Pando tenga un representante en las negociaciones, en reemplazo del encarcelado Leopoldo Fernández, y sugirió que sea el segundo responsable de la prefectura.

El gobierno, que mantiene el estado de sitio en Pando tras la masacre de campesinos y estudiantes que dejó un saldo de al menos 17 muertos y más de 100 desaparecidos, rechazó la presencia de esa prefectura, cuya administración está sospechada de haber participado en la matanza del 11 de septiembre.

Además, el oficialismo propuso, como garantía de "pacificación" que los prefectos opositores devuelvan las instituciones nacionales ocupadas y saqueadas en sus regiones, para que los movimientos sociales desbloqueen las ciudades que gobiernan detractores del presidente Evo Morales.

Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pidió hoy que las organizaciones sociales afines al oficialismo suspendan sus medidas de presión para facilitar el diálogo.

"Lo ideal sería que todos se queden tranquilos. El diálogo ya está instalado, ahora lo que hay que hacer es esperar sus resultados", dijo Insulza, citado por la agencia noticiosa italiana ANSA.

En tanto, el mandatario boliviano concluyó hoy una visita a Panamá, donde dijo que en América Latina "hay una rebelión de nuestros pueblos contra el imperio", según informó la agencia alemana de noticias DPA.

Tras recibir un doctorado honoris causa en la Universidad de Panamá, dijo, con ironía, que gracias a esa casa de estudios sus opositores en Bolivia lo tendrán que llamar "doctor" y calificó de "triunfo histórico" la creación en su país de una renta universal a la vejez, uno de los temas de debate en el diálogo nacional, ya que es cofinanciado con un recorte de ingresos petroleros de las

Prefecturas.

Asimismo, hoy abre sus puertas Expocruz, la más importante feria de negocios de Bolivia, que se realiza en Santa Cruz en medio de muchos desistimientos de expositores nacionales e internacionales, según sus organizadores.

De los 190 expositores argentinos, siete cancelaron su asistencia, pero de todas formas será la delegación empresaria más grande de la muestra, según su gerente general, Mario Herrera, citado por la agencia oficial de noticias ABI.

El Ministerio de Hacienda de Bolivia, el Servicio de Impuestos Nacionales y el Banco Central anunciaron que no participarán debido al saqueo de sus oficinas; tampoco estará presente la delegación de Estados Unidos ni las empresas petroleras.