La Dirección General de Aduana, que actúa como querellante, se opuso a la decisión porque esa forma de hacer escuchar al procesado el requerimiento de elevación a juicio "no está previsto en la ley" y el tribunal dispuso un cuarto intermedio para resolver la cuestión.

La Dirección General de Aduana, que actúa como querellante, se opuso a la decisión porque esa forma de hacer escuchar al procesado el requerimiento de elevación a juicio "no está previsto en la ley".

Tras el planteo de la Aduana y otro del fiscal Marcelo Agüero Vera, el tribunal ordenó un cuarto intermedio para resolver la cuestión después del mediodía.

El Tribunal decidió que la lectura de la acusación se haga por el sistema de videoconferencia teniendo en cuenta que Menem está en La Rioja y la tutela del derecho a la salud "sin detrimento al servicio de justicia".

El presidente del tribunal, Luis Imaz recordó que si bien los médicos informaron que Menem, actualmente "se halla en condiciones mentales para estar en juicio", pero se encuentra "impedido" por el momento para trasladarse a esta capital.

El debate oral y público, en el que hay otros 17 procesados, entre ellos el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, y ex funcionarios de la Dirección General de Fabricaciones Militares, se realiza en una sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro.

Imaz aclaró que para la teleconferencia el Tribunal se constituirá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en tanto que el ex titular del Poder Ejecutivo Nacional lo hará en el Consejo Federal de Inversiones, en La Rioja. El secretario del tribunal Eduardo Botello se trasladará a la provincia para certificar el acto.

Como los médicos forenses habían sugerido estudios complementarios a Menem, el Tribunal, también integrado por Gustavo Losada y Horacio Artabe, intimó a los defensores del ex presidente a efectuar tales exámenes "para luego evaluar si debe o no concurrir a esta sede".

En la causa se investigan las responsabilidades derivadas de la firma de decretos presidenciales, entre 1991 y 1995, en los que se hacía figurar la venta de más de 6.500 toneladas de material bélico a Bolivia, Venezuela y Panamá, cuando en realidad fueron a Croacia y Ecuador. El delito que se investiga, "contrabando agravado por tratarse de material bélico" tiene penas de hasta 12 años de prisión.