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En su último acuerdo del año, la Corte respondió así a la conflictiva situación planteada a raíz de un fallo de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación Penal, que abrió las puertas a la excarcelación de una veintena de represores que llevan siete años en prisión preventiva.

La Corte resolvió, además, crear una oficina especial, la "Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad", que se encargará de monitorear los procesos y tendrá facultades para requerir informes a los juzgados en los que se verifiquen demoras.

La Acordada, que estaba siendo firmada este mediodía por los jueces de la Corte, dispone también que el Consejo de la Magistratura adopte medidas para que el trámite de las causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos tenga un trámite más veloz.

El secretario de la Corte para causas por delitos de lesa humanidad, José Mandalounis, había elaborado un informe en el que analizaba algunas de las cuestiones por las cuales se demoran las causas.

Tras destacar que "el Poder Judicial ya estaba saturado por el nivel de litigiosidad existente", el informe explica que "hay una insuficiencia de jueces, cargos vacantes, falta de edificios adecuados, falta de tecnología, de informatización, de salas de audiencias, y de otros recursos adecuados".

El trabajo identifica como dificultades para el avance de los expedientes a "problemas en la constitución definitiva de los tribunales orales, inconvenientes en la designación de un juez sustituto para la realización del juicio Primer Cuerpo de Ejército en febrero de 2009, congestión en los seis tribunales orales federales de la Capital Federal, defectos en la elevación de las causas, oposición de las querellas a que se realicen juicios por hechos aislados y diversificación de las denuncias para que se investiguen en los juzgados próximos a los lugares donde ocurrieron los hechos", entre otros.

"Existe falta de recursos que debe suministrar el Consejo de la Magistratura, como el equipamiento informático, grabadores, mejoras edilicias. Es fundamental el desarrollo del plan de Justicia digital", añade el informe.