El presidente García negó que haya habido errores en la operación que ocasionó, según cifras oficiales, al menos 34 muertos la semana pasada en la selva, e insistió en cambio en presentar los hechos como un "genocidio de policías" promovido por "el comunismo internacional".

El mandatario reaccionó así al ser interrogado sobre versiones de prensa que hablan de errores en la operación policial, en especial por haber procedido a la recuperación de una carretera tomada por indígenas sin tener en cuenta que a esa misma hora 38 policías estaban rodeados por cerca de 1500 nativos en un campo petrolero vecino.

"Ha habido un genocidio de policías por parte de elementos extremistas que quieren entregarnos a gobiernos extranjeros", añadió el mandatario. "El comunismo y el extremismo no tienen votos, pero tienen armas", declaró el presidente.

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, a quien las autoridades pidieron que asuma una tarea de facilitación de acercamientos, advirtió que el diálogo entre el gobierno y los indígenas amazónicos en el Perú debe desarrollarse "sin vetos", pues de lo contrario hay el riesgo de que "se desprestigie y fracase".

Merino hizo el comentario en un encuentro con corresponsales extranjeros en Lima, al referirse a la negativa del gobierno a reconocer como interlocutora a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización que lidera la huelga que cumple hoy 64 días, y cuyo presidente, Alberto Pizango, está asilado en la embajada de Nicaragua en Lima.

Pero, además, destacó la importancia de que se defina bien la representatividad de los interlocutores por parte de los nativos, pues, graficó, en la mesa convocada por el gobierno hay sitio para 10 de ellos, cuando en la selva hay unos 1400 apus (jefes).

En ese marco, Merino recordó que los indígenas están representados especialmente por la Aidesep, que reúne a 1350 comunidades y 70 federaciones, y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), con 750 comunidades y 40 federaciones.

En el marco de una huelga de indígenas que ya dura 64 días, Merino explicó que de 12 organizaciones regionales, siete están bajo la influencia de Aidesep y cinco de la Conap.

Por otra parte, la emisora limeña RPP informó que se agudizan las protestas en apoyo a las comunidades nativas en el país, al comentar que miles de campesinos tomaron por asalto el aeropuerto de Hancabamba, en Andahuaylas, aislaron a esa población con bloqueos de rutas, mientras los mercados y comercios no abrieron sus puertas.

Los huelguistas protestan contra la ley de Recursos Hídricos y demandan al gobierno que informe con objetividad sobre lo sucedido en Bagua el último 5 de junio, cuando miles de nativos se enfrentaron a policías y fuerzas especiales de represión con tanquetas.

Según la Defensora del Pueblo, los líderes indígenas, por su parte, dejaron entrever un veto para el primer ministro Yehude Simon, porque el gabinete, dicen "tiene las manos manchadas de sangre".

La Defensoría, por encargo de Simon, prepara con la Conferencia Episcopal Peruana, una propuesta respecto a cómo debe recomponerse el diálogo tras los sangrientos sucesos del viernes pasado.

Además de facilitadora del diálogo, la Defensoría, que goza de un alta credibilidad, según la mencionada agencia de noticias, interviene en el caso con acciones de inconstitucionalidad contra los decretos resistidos por los nativos, porque desconocen una cláusula de la Organización Internacional del Trabajo, que exige consultas previas a las comunidades indígenas en lo que pueda afectarlas.