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"A partir de ahora el cambio de los valores estará regido por la ley de movilidad jubilatoria", señaló el ministro de Economía, Amado Boudou, quien compartió la exposición del proyecto junto al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.

Ambos funcionarios brindaron detalles de las modificaciones en la sede del organismo recaudador, con la presencia, entre otros, del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez; la vicepresidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Flavia Melzi; y el titular del gremio de los mercantiles, Armando Cavalieri.

Este proyecto incluye "todas las aristas que se venían solicitando desde distintos sectores y es importante recordar que el monotributo es una herramienta que ha demostrado ser una potente forma de incluir en la economía formal a muchos trabajadores", indicó el ministro.

En tal sentido, el jefe de la cartera de Hacienda subrayó que es optimista en cuanto a "que el Congreso lleve adelante un rápido tratamiento de estas modificaciones y lo convierta en ley".

Por su parte, Echegaray, tras coincidir en la necesidad de darle un rápido tratamiento en el ámbito legislativo, hizo hincapié en que se trata de "un proyecto trascendental, ya que hay entre 2 y 3 millones de argentinos que están esperando esta ley".

Para el titular de la AFIP, el proyecto tiene tres ejes: sostiene el equilibrio del sistema de seguridad social, focaliza la inclusión de aquellos trabajadores que tienen menor capacidad contributiva y otorga herramientas para "disuadir el enanismo fiscal y desarticular acciones de evasión".

Echegaray, en una rápida exposición, repasó los puntos salientes del proyecto, que a su juicio son diez, entre los cuales se destacan el nuevo régimen de inclusión (monotributo social) y la posibilidad de modificar los parámetros en base al índice de movilidad de las prestaciones previsionales.

Entre los principales aspectos de la reforma figuran el incremento del monto de facturación de 72.000 a 200.000 pesos para locaciones y servicios, en tanto que para el resto de las actividades esa suba llega a los 300.000 pesos.

"No se modifican los importes del impuesto a ingresar para las categorías actuales y se crean categorías para los nuevos niveles de facturación permitidos, con cotizaciones crecientes", aclaró Echegaray.

Además, mediante un procedimiento simplificado podrán realizarse exclusiones de oficio y entre las nuevas cotizaciones habrá una fija previsional de 110 pesos, mientras que para los titulares de obra social será de 70 pesos, con otros 70 pesos adicionales por cada familiar que resulte beneficiado.

El proyecto prevé la utilización intensiva de figuras de agentes de información y retención, focalizadas en los prestadores de servicio y la aplicación generalizada de la factura electrónica para las categorías superiores.

En cuanto al destino de la recaudación del impuesto integrado (componente impositivo), el 70 por ciento se destinará al financiamiento de prestaciones de la ANSES y el restante 30 por ciento se girará "en forma automática" a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las categorías para locaciones y servicios se extenderán entre las letras A y H, con valores que oscilarán entre 213 y 685 pesos mensuales, en tanto que para el resto de las actividades se incluyen 4 categorías (I,J,K y L), con un piso de 1420 pesos (I) y un techo de 2880 pesos (L).