En la Sala de Tratados del Palacio Itamaraty y sobre la misma mesa en la que en mayo de 1888 la princesa Isabel firmó la liberación de los esclavos de Brasil, los dos jefes de estado "reafirmaron la importancia de que la sociedad estratégica entre la Argentina y Brasil continúe produciendo resultados concretos y tangibles".

Lula y Cristina resaltaron "los beneficios mutuos en las diversas áreas de las relaciones bilaterales", y aseguraron que "es el mecanismo para que las altas aspiraciones de desarrollo y prosperidad de sus respectivas sociedades, encuentren en esa sociedad su más legítima expresión política y mejor traducción práctica".

Por eso determinaron "el establecimiento de un canal permanente de diálogo de alto nivel con el objeto de restablecer la fluidez del comercio bilateral" y que "las Cancillerías y Ministerios encargados de los temas de comercio, desarrollo y producción definan soluciones mutuamente satisfactorias para las dificultades sectoriales".

Además concordaron con "la urgencia de encarar los desafíos estructurales de la integración, que pasan por el fortalecimiento de la integración de cadenas productivas, el aumento de las inversiones y la ampliación de las asociaciones y joint ventures entre empresas argentinas y brasileñas". Para eso, instruyeron "a los sectores responsables de las respectivas Cancillerías a que se reúnan al menos dos veces por año para evaluar la situación del comercio bilateral, regional y la marcha de otras instancias de discusión de los temas comerciales, incluyendo aquéllas que son realizadas entre los sectores privados".

También expresaron su "satisfacción por el primer año de funcionamiento del Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML) y resaltar el creciente número de usuarios y de operaciones cursadas en el sistema" y destacaron los avances realizados por la ANSES y su par de Seguridad Social de Brasil, "en la creación del Mecanismo de Transferencia de Fondos para el Pago de las Prestaciones de Seguridad Social de Residentes en el Exterior en Monedas Locales".

Por otro lado expresaron "satisfacción por la adopción de un padrón común de televisión digital terrestre basado en la norma ISDB-T y la firma en Bariloche del Acuerdo Complementario entre el Ministerio de Planificación Federal y el Ministerio de Comunicaciones de Brasil sobre Cooperación en el Área de Televisión Digital Terrestre".

En el ámbito político, ambos presidentes reiteraron su "enérgica condena al golpe de Estado en Honduras y reafirmaron que la restitución del presidente José Manuel Zelaya en sus funciones es indispensable para el restablecimiento del orden constitucional, del Estado de Derecho y de la vida democrática en Honduras".

Reiteraron que sus Gobiernos "no reconocerán el resultado de elecciones conducidas por el Gobierno de facto" y llamaron "a que cesen de inmediato las acciones de hostilización a la sede diplomática de Brasil en Tegucigalpa y de que sea garantizada su inviolabilidad y la de las personas bajo su protección".

Por su parte, el presidente Lula reiteró el respaldo de su país "a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas".

Cristina y el presidente brasilero también reafirmaron su compromiso con el "permanente perfeccionamiento de la democracia y de las instituciones del Estado de Derecho" en sus países y reiteraron que "la democracia, los derechos humanos y el desarrollo son interdependientes y se refuerzan mutuamente". Expresaron su "firme compromiso en la ampliación de políticas sociales inclusivas y en el fortalecimiento de los mecanismos de participación de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas y en el monitoreo de sus resultados".

Reiteraron la determinación de "continuar trabajando de manera coordinada para combatir el hambre y la pobreza en sus países y en toda la región". También se comprometieron a "garantizar la consolidación de una vigorosa agenda social y productiva regional, con el objeto de profundizar la cooperación en materia de políticas sociales, distribución de la renta, creación de empleos y emprendimientos, incluyendo las políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas".

En el plano internacional, los jefes de estado concordaron en que "la eventual recuperación de las principales economías mundiales, no debe quitar ímpetu a los esfuerzos de construcción de una nueva arquitectura financiera global". Afirmaron que la misma "debe ser capaz de evitar que la especulación desenfrenada y la desregulación de los mercados financieros generen nuevas crisis, con costos desproporcionados para los países en desarrollo".

Reconocieron las "señales positivas de recuperación económica mundial después de la crisis financiera global", pero afirmaron que "es prematuro el debate sobre la quita de estímulos fiscales, sobre todo frente al deterioro de los indicadores de empleo y de la falta de solución definitiva en la cuestión de los activos tóxicos de las instituciones financieras en los países desarrollados".

Resaltaron que "fue la actuación decidida de los Gobiernos y no la supuesta autorregulación de los mercados, lo que evitó el colapso del sistema financiero internacional, por medio de políticas monetarias, fiscales y de rescate de emergencia y de coordinación internacional".

Saludaron el anuncio en Pittsburgh, de la transferencia de cuotas y poder de voto, de los países desarrollados a los países en desarrollo, de un mínimo del 5 por ciento en el FMI y de un mínimo del 3 por ciento en el Banco Mundial. Sin embargo, manifestaron la intención de "profundizar la reforma de las dos instituciones, que solamente tendrán mayor legitimidad cuando el poder de voto y de voz de los países en desarrollo reflejen su tamaño relativo en la economía mundial".

Se expresaron por "la necesidad de seguir trabajando por la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin de tornarlo más eficiente, transparente, representativo, democrático y responsable de sus acciones frente a la comunidad internacional".

Concordaron, igualmente, con "la importancia de alcanzar resultados concretos en la 15º Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-15), que se realizará en Copenhague del 7 al 18 de diciembre próximos. Resaltaron que los países desarrollados, por ser los mayores responsables del cambio climático, "deben hacer más para enfrentar el calentamiento global, en términos de metas más ambiciosas de reducción de sus propias emisiones, como en apoyo financiero y transferencia de tecnología para hacer más eficiente el consumo y la producción en todo el mundo".

Reiteraron su apoyo al "sistema multilateral de comercio y a la Ronda Doha, a fin de alcanzar una mayor integración de los países en desarrollo en la economía internacional", pero abogaron por "la eliminación de la discriminación sobre la agricultura y la aplicación de flexibilidades para los países de nuestra región".

Entre otros temas mostraron interés en acelerar proyectos prioritarios para la integración física suramericana, en infraestructura, transportes y telecomunicaciones e insistieron en el fortalecimiento del MERCOSUR como ámbito de integración política, social, económica y comercial de la región".

Reiteraron la importancia de "la consolidación de la UNASUR, que se debe transformar en factor de unidad y de cooperación en América del Sur" y saludaron los acuerdos de cooperación militar firmados por los países de la región", pero advirtieron que "debe haber garantías formales de que tales acuerdos no serán utilizados contra la soberanía y la estabilidad de los países sudamericanos".

Finalmente ambos presidentes expresaron su "preocupación por la presencia en la región de bases militares de una potencia extra-regional, situación que resulta incompatible con los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados de la región", dijeron.