La denominada Ley Cerrojo, sancionada por el Congreso en febrero de 2005, prohibía la posibilidad de reabrir el canje de deuda de títulos en default, de manera de dejar instar a los bonistas a ingresar a la operación que cerró apenas unos meses después con un nivel de aceptación del 76 por ciento.

El proyecto de ley, que recibió media sanción en Diputados hace dos semanas, se convirtió hoy en ley con el voto positivo de 45 senadores, mientras que 10 lo hicieron en contra.

El proyecto sancionado contempla, entre otros aspectos, la suspensión de la Ley Cerrojo por al menos un año.

La medida forma parte del plan delineado por el Poder Ejecutivo Nacional para reabrir el canje de la deuda para los bonistas que no ingresaron en la operación de hace cuatro años que tienen en su poder títulos en default por una cifra equivalente a 20.000 millones de dólares.

Según el proyecto enviado por el Ejecutivo, la nueva oferta incluirá una quita superior al 65 por ciento aplicada en el canje de 2005.

La oferta implicará la incorporación de dinero fresco para la Argentina de parte de los grandes tenedores, a partir de un compromiso asumido por los bancos Barclays, Deutsche y Citi que comandarán la nueva operación, entre otros aspectos.

Al iniciar el debate en el Senado, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el correntino Fabián Ríos, ponderó el "exitoso mecanismo de canje de deuda" al que además comparó con el de 2005 que "en aquel momento fue ventajoso porque nos permitió el desarrollo de la economía argentina tras la convertibilidad".

"Quedaron sin haber optado por el ingreso a este mecanismo de negociación alrededor de 20 mil millones de dólares de aquellos bonistas. Hoy la intención es complementar este mecanismo, reabrir este canje y lograr un rescate mayor de deuda", agregó.

Según Ríos, el principal objetivo del nuevo canje es "restablecer la seguridad jurídica en el tema del endeudamiento y restablecer mecanismos de financiamiento que bajen el riesgo país".

"Es una medida que ayuda a generar y a reactivar la inversión externa dentro de la economía argentina. No pensamos que la reapertura de este canje saneé el 100 por ciento de la deuda, pero ese residual podría consolidar la deuda argentina y la posición ante el Club de París", argumentó.

Además, el senador oficialista recordó que la intención del Gobierno es "no pagar comisión a aquellos que intermedien en el canje de los bonos".

"No va a ser el Estado el que asuma el costo de las comisiones financieras de aquellos operadores que trasladen el interés de los tenedores de bonos para entrar al canje", indicó Ríos.

A su turno, el radical Gerardo Morales consideró como una "buena señal que el Poder Ejecutivo inicie gestiones para arreglar con el Club de París".

"Esto va a poner mejor a la Argentina el año que viene, cuando la crisis se supere. Y va a ponerla en una situación mejor para afrontar mejoras en la economía doméstica", sostuvo.

Morales también dijo que el radicalismo acompaña "esta fuerte señal que, pese a los conflictos internos, permitirá mejorar nuestra economía y nuestras variables macroeconómicas".

Desde la vereda opuesta, el justicialista disidente Juan Carlos Romero consideró que "esta reapertura muestra las marchas y contramarchas que son propias de este gobierno" y agregó que "aquí queda aprobado que fracasó la idea del oficialismo de la Ley Cerrojo original".

Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani, quien también votó en contra de la iniciativa, apuntó que la reapertura del canje "es una exigencia del FMI que nos dice que vamos a tener crédito si arreglamos con los holdouts, si retornamos al Club de París y volvemos al redil".