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La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara de Criminal y Correccional Federal, al rechazar un recurso de Casación presentado por la defensa del ex presidente, contra el fallo que confirmó su procesamiento y su embargo.

Menem está imputado por el delito de defraudación por administración infiel agravada por ser en perjuicio de una administración pública, y sus bienes fueron embargados por 200 millones de pesos.

Los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, de la Cámara Federal, rechazaron el recurso de la defensa de Menem, a cargo de Pedro Baldi, porque "no se trata de sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción o pena".

Thales Spectrum, de origen francés, obtuvo en 1997 la concesión de todo el espacio radioeléctrico del país para su uso por 20 años, hasta 2012, por un canon de 500 millones de pesos. La licitación fue anulada en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner.

En la causa están procesados una docena de ex funcionarios, entre ellos el ex secretario de comunicaciones de Menem, Germán Kammerath, de quien dependía la Comisión Nacional de Comunicaciones que debía controlar el cumplimiento del contrato.

La propia Secretaría de Comunicaciones había sido trasladada a la órbita de la Presidencia de la Nación, por lo que Menem tenía directo conocimiento de la licitación, según el fallo que fue firmado por la Cámara Federal en diciembre pasado al confirmar el procesamiento.

Según aquel fallo, la licitación que benefició a Thales Spectrum impidió al Estado contar con "un aporte de conocimientos y tecnología al que se había comprometido, además del desequilibrio económico que desencadenó el incumplimiento de la concesionaria durante la ejecución del contrato".

Los camaristas recordaron que la empresa "incumplió la prestación principal del contrato al no entregar el sistema informático comprometido, tanto conforme a los términos originales del acuerdo -80 días desde la entrada en vigencia- como a la posterior reprogramación de plazos".

En la causa se investiga, si hubo una defraudación al Estado por 450 millones de pesos, cuando Menem -que tenía bajo su órbita directa la Secretaría de Comunicaciones- "realizó un aporte no sólo a través de una convalidación de un proceso licitatorio cuestionable, sino que violando los deberes a su cargo no dispuso las medidas indispensables para asegurar una adecuada gestión del espectro (radioeléctrico) y su inacción fue perjudicial para el Estado".