[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Mañana, martes 20 de abril, se conocerá la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo que Argentina y Uruguay mantienen por la aprobación de dos plantas de celulosa, una de la empresa española Ence y otra de la finlandesa Botnia, por parte del Uruguay en la margen izquierda del río del mismo nombre en la zona de Fray Bentos frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

El gobierno argentino recurrió al máximo tribunal de las Naciones Unidas con el apoyo del Congreso expresado por medio de sendas declaraciones adoptadas por el Senado y por la Cámara de Diputados de la Nación luego de que el canciller, Jorge Taiana, expusiera ante ambas cámaras la naturaleza de la controversia y la imposibilidad hasta ese momento de resolverla por vía de las negociaciones directas.

Al recurrir a la Corte, Argentina pidió que reivindicara la interpretación correcta y tradicional del Estatuto del Río Uruguay de 1975, tratado internacional bilateral que regula el aprovechamiento y la conservación del río Uruguay y su ecosistema.

Esa interpretación no puede ser otra que la que surge del propio texto del estatuto, y que es que los emprendimientos industriales que por su envergadura y características pueden causar un impacto sensible al río o al otro país, deben consultarse previamente a la otra parte.

No se puede negar que dos emprendimientos destinados a producir dos millones de toneladas de pasta de celulosa por año, situados justo en frente a una ciudad de cien mil habitantes y a una importante zona balnearia y turística, caen indefectiblemente entre los emprendimientos que deben ser consultados.

Si la Corte se pronuncia, como Argentina confía, en el sentido de que Uruguay ignoró y violó el estatuto, ello constituirá una reafirmación de que el gobierno del entonces presidente Kirchner hizo lo correcto al demandar al Uruguay.

Una decisión de la Corte del tenor esperado implicará, además, que Uruguay deberá conformar su conducta a lo que mandan las normas del derecho internacional y las pautas del buen vecinaje aplicables a toda vida de relación.