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El Comité de la ONU, que realizó consideraciones al examinar el cuarto Informe Periódico de Argentina, "observó con preocupación" la "abundante" información sobre el uso frecuente de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en comisarías de policía y establecimientos penintenciarios, en especial de Buenos Aires y Mendoza. El organismo manifestó que a raíz del sistema federal de gobierno "muchos de los derechos" no se protegen de manera uniforme en todo el país, por lo que pidió adoptar medidas para que "toda persona pueda gozar plenamente de sus derechos en cualquier parte del territorio nacional". En ese sentido, sostuvo que "muy pocos casos denunciados son objeto de investigación y juicio y aún menos aquellos que terminan en la condena de los responsables" y consideró que el hecho "genera altos índices de impunidad".

En el análisis realizado en el marco del 98º período de sesiones de ONU, que se hizo entre el 8 y 28 de marzo en Nueva York, el organismo expresó preocupación por la práctica judicial en la calificación de lo hechos "asimilando frecuentemente el delito de tortura a tipos penales de menor gravedad, como apremios ilegales, sancionados con penas inferiores". El Comité, pidió tomar medidas "inmediatas y eficaces" contra esas prácticas y reclamó "vigilar, investigar y, cuando proceda, enjuiciar y sancionar a los miembros de las fuerzas del orden" responsables de hechos de tortura.

El Estado argentino, sostuvo el reporte, debe "redoblar las medidas de formación" en derechos humanos de las fuerzas de seguridad para evitar que incurran en esas conductas, por lo cual el Comité pidió acelerar ese proceso para prevenir la tortura.

El organismo recomendó a la Argentina "tomar medidas necesarias y eficaces para garantizar el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena impuesta sean sometidos a un tribunal superior". Por lo tanto, advirtió que el Estado debe tomar medidas para asegurar que la defensa pública pueda proporcionar servicio desde el momento de la detención policial, para proteger los derechos de las personas sospechadas de un delito.

El Comité, por otra parte, reclamó el cese de las condiciones de hacinamiento en cárceles y expresó preocupación por la condiciones en centros penitenciarios a raíz de la violencia intracarcelaria y la "mala calidad en la prestación de servicios y satisfacción de necesidades fundamentales, en particular en materia de higiene, alimentación y atención médica". En ese sentido, advirtió que algunos centros penitenciarios permanecen en funcionamiento a pesar de sentencias judiciales que ordenaron el cierre.

Al mismo tiempo, expresó su "preocupación frente a las graves deficiencias en el funcionamiento de las instituciones donde se encuentran alojados niños privados de libertad, incluidas situaciones de sanciones colectivas y encierro absoluto".

A su vez, ponderó los progresos en casos de lesa humanidad y manifestó agrado por los avances en los enjuiciamientos de personas responsables de "graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar y en la recuperación de la identidad de niños apropiados durante aquella". Elogió, además, la creación de la Unidad Especial de Investigación en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y del Banco nacional de datos genéticos.

El Comité pidió en ese marco "esclarecer el paradero" de Jorge Julio López, quien permanece desaparecido desde 2006, y manifestó "preocupación" por actos tendientes a amedrentar a personas que participan como testigos en juicios por delitos perpetrados durante la dictadura militar.

El organismo celebró también la creación de la Oficina de Violencia Doméstica para asistir a víctimas de maltrato familiar en el país, pero mostró preocupación porque "su ámbito de competencia se limita a la Ciudad de Buenos Aires". En ese sentido, el organismo advirtió que "los servicios que brinda sólo de manera muy limitada se extienden a la actuación jurídica gratuita ante los tribunales de justicia".

Por otra parte, el Comité se refirió al Consejo de la Magistratura y advirtió sobre "una marcada representación de los órganos políticos allegados al Poder Ejecutivo, en detrimento de la representación de jueces y abogados".

Por último, el Comité de Derechos Humanos afirmó que "el Estado debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas".