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Almagro especificó que el mandato de la Corte no es el control de las aguas de todo el río, sino "el control de la calidad de las aguas en función de la instalación de la planta". "Se está trabajando con la finalidad de elaborar un marco de referencia", agregó el canciller.

Al responder a medios uruguayos sobre la solicitud de la Argentina de vigilancia integral sobre la planta de UPM, el canciller afirmó que su Gobierno recibió una propuesta en la última reunión de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La CARU, a pedido de nuestro país, se volverá a reunir el 17 de mayo y cada país presentará una propuesta.

Almagro expresó que "se debe tener en cuenta el marco de referencia constituido por el fallo de la Corte Internacional de La Haya". "También se cuenta con otro marco de referencia, que son las competencias de la CARU. No se pueden exceder en las negociaciones ni las competencias de la CARU, ni lo expresado por la Corte de La Haya", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

La ministra uruguaya de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, fue menos diplomática y más directa. "Argentina presentó una propuesta que va más allá de lo establecido en el régimen de control", afirmó.

El Gobierno argentino "presentó un plan de monitoreo en la planta y no en el río, que es lo que le compete a la CARU", dijo la ministra a medios locales, tras explicar en el Parlamento los planes de su Secretaría de Estado.

Almagro anunció que el presidente uruguayo, José Mujica, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se reunirán el 4 de junio en la estancia presidencial uruguaya de Anchorena, ubicada en el departamento de Colonia, frente a Buenos Aires.

El Gobierno argentino presentó el pasado 11 de mayo un proyecto de vigilancia "integral y continua" de la planta de UPM (ex Botnia) y de su impacto ecológico. La delegación argentina ante la CARU, creada en 1975 por el tratado bilateral sobre el río Uruguay, entregó la propuesta tres semanas después de que la Corte de La Haya dictaminara que el Gobierno uruguayo incumplió el tratado, al autorizar de forma unilateral la instalación de la planta de celulosa.