Funes señaló la existencia de tumbas clandestinas en un campo ubicado a unos 15 kilómetros del ingreso a El Nihuil, al pie del cerro Nevado, y de otro pozo en Las Salinas, dato que le fuera aportado en 1988 por el agente Rodolfo Puebla, ya fallecido, cuando ambos trabajaban en la dirección de Tránsito. "Una vez me confesó que estaba muy nervioso y con problemas psicológicos porque tenía mucho cargo de conciencia, dado que en la época de los militares pasó muchos días alojado en una casilla rodante en la zona de Las Salinas a la espera de que la policía trajera a las personas que iban a desaparecer", relató. Según contó esta tarde, Puebla recordó aquel día "que había un gran pozo, muchas bolsas de cal viva y un bidón de agua, y que cuando llegaban los detenidos los arrojaban ahí, algunos hasta vivos y con los ojos vendados, y que luego le echaban cal y agua".

"Cuando me enteré, en 1988, no lo denuncié porque pensé que era mentira, pero en el 2002 anduve por ese lugar y vi las tumbas y enseguida las relacioné con el pozo", dijo reconoció el enfermero durante el juicio oral donde se investiga la desaparición de los militantes peronistas Francisco Tripiana, José Berón, Pascual Sandoval y Roberto Osorio.

Funes declaró además que las áreas de Sanidad e Informaciones de la policía "estaban juntas", y una vez vio "un fichero con datos personales y la afiliación a partidos políticos, donde cada escrito tenía una línea azul, verde o roja, color que se les colocaba a quienes iban a desaparecer". Según dijo, fue el agente Edgardo Silva quien le permitió ver una vez ese fichero. Más adelante recordó que el jefe del servicio de Informaciones dio la orden, en la D2, de romper y arrojar el fichero a un pozo del tamaño de una baldosa. "Con permiso de Silva yo busqué en el fichero si había algún familiar mío y encontré a mi hermano, quien estaba afiliado al Partido Comunista. Así que agarré su ficha y la rompí. Luego a él no le paso nunca nada", aseveró Funes.

En el juicio oral que se instruye en la ciudad de San Rafael, que se inició el pasado 1 de julio, están imputados Raúl Alberto Ruiz Soppe, quien era jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza; Aníbal Alberto Guevara, quien se desempeñaba como Teniente del Ejército; Juan Roberto Labarta, integrante del D2 en San Rafael; y el abogado Raúl Egea, quien trabajó como abogado de la Policía de Mendoza. El ex intendente local, Chafí Félix (PJ), señalado por varios testigos como cómplice de la represión, adujo "amnesia parcial" para no declarar.