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Ayer, en el marco de la comisión investigadora de la Legislatura que indaga la responsabilidad del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en la causa de las escuchas ilegales, los diputados opositores Kravetz y Fernández denunciaron que el gobierno de la Ciudad compró material para la Policía Metropolitana con el objetivo de hacer tareas de espionaje.

"Es un disparate. Hablan de un software que es para hacer un mapa del delito, que es una herramienta fundamental para ir cruzando la información e ir determinando dónde recurrentemente se cometen delitos para prevenirlos", explicó Burzaco en declaraciones a radio La Red.

El jefe de la Policía Metropolitana negó además que ese cuerpo realice tareas de espionaje y aclaró que la tarea fundamental es la "prevención" del delito.

"Para ello, lo que sí hacemos es investigación criminal porque sino nos quedamos con el último eslabón del problema y no vamos a la raíz. Para eso estamos habilitados, la ley de seguridad nacional lo permite, y todas las policías del país lo hacen", indicó.

Burzaco explicó asimismo que la investigación criminal permite "determinar patrones recurrentes de delitos, como la semana pasada fue una red de pedófilos, y prevenir lugares calientes. Pero si eso es una herramienta de inteligencia, me parece un disparate".

Por su parte, el diputado Fernández (Encuentro Progresista) -en declaraciones a radio Del Plata- dio precisiones de la denuncia contra el gobierno porteño, que presentó ayer junto a Kravetz.

"A través de dos licitaciones secretas, se compraron dos cosas: por un lado un software de inteligencia criminal, y cinco aparatos de inteligencia y contrainteligencia, cosa que, como todo sabemos, en nuestra ciudad está prohibido", indicó el legislador.

Señaló asimismo que los aparatos "fueron adquiridos a dos empresas, alguno de ellos importados de los Estados Unidos" y que por ello para el próximo martes fueron citados -en el marco de la comisión investigadora- "el funcionario policial que solicitó la compra de los aparatos y los dos administrativos que intervinieron en la compra".

Fernández dijo además que "los expedientes están, existen, los requerimientos se hicieron, las compras se hicieron y ahora lo que van a tener que explicar es para qué piensan utilizarlas".

Por último, adelantó que la denuncia será remitida a la comisión investigadora y que, a su vez, ésta "lo remitirá al juzgado (de Norberto Oyarbide, quien tiene a su cargo la causa de las escuchas ilegales) y obviamente estamos a disposición del juez para cualquier información".