La magistrada libró el exhorto en cumplimiento de una orden de la Cámara Federal que revocó su decisión de archivar el caso y dispuso que se determine si España ya investiga estos delitos. En el escrito remitido a Cancillería, Servini pregunta "si se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, y de uno que propició la desaparición 'legalizada' de menores de edad con pérdida de su identidad, llevados a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".

En caso de que la respuesta sea afirmativa pidió ser informada sobre "la naturaleza y estado procesal actual de las investigaciones, con expresa indicación de los Tribunales actuantes". La causa se abrió a raíz de la presentación de distintos organismos de derechos humanos, que patrocinan a los familiares de las víctimas desaparecidas en España durante la Guerra Civil, que vieron frustrada su intención de realizar la misma investigación en su país.