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El mutualista está imputado por "defraudación" al Estado a través de una asociación ilícita que integraría, entre otros, Solange Bellone, viuda del asesinado Sebastián Forza --una de las tres víctima de la "masacre de General Rodríguez"--, quien también está procesada en esta causa.

Denaro fue detenido el jueves pasado en el marco de los procedimientos que llevaron también a la detención del sindicalista Gerónimo "Momo" Venegas, liberado el viernes tras una indagatoria anticipada y el pago de una caución real de 500 mil pesos.

Denaro fue imputado de haber defraudado a la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente del Ministerio de Salud, "acompañando en la documentación para la tramitación de los subsidios troqueles apócrifos". En la causa se registran 27 expedientes con troqueles falsos, por lo que ése es el número mínimo de tratamientos que no se habrían realizado, pero se cobraron como si se hubieran administrado.

Durante la indagatoria, Denaro negó haber suministrado medicamentos vencidos o adulterados, así como que existieran denuncias de pacientes damnificados, y aseguró que "todos los remedios habían sido comprados a droguerías habilitadas en el registro del Ministerio de Salud de la Nación", revelaron sus abogados Pablo Slonimsqui y Gonzalo Romero Victorica.

Venegas también fue imputado de defraudación al Estado por subsidios apelando a troqueles de medicamentos falsificados, aunque en su caso se refería a alusiones detectadas en escuchas telefónicas.

La falsificación de troqueles, así como la venta en farmacias de productos vencidos o a punto de vencer robados en instituciones públicas, constituye una de los procedimientos habituales detectados en la investigación de esta megacausa judicial.

Oyarbide imputó a Denaro por connivencia con directivos de las droguerías Romalá SRL, AMG Farma SRL, Baires Med, Seacam (la del difunto Forza) e Idea Farmacéutica para cobrar esos reintegros, así como ôasociación ilícita entre Rubén Darío Romano y Solange Bellone, y otros cuya identidad aún resta determinar.

La causa tuvo en las últimas dos semanas nuevos avances ya que, además de Venegas, Oyarbide ordenó la detención del ex inspector bonaerense José Luis Salerno y otras seis personas, incluyendo a la responsable de la farmacia del Hospital Posadas, de Haedo, de la cual salían remedios a punto de vencer o vencidos para reintroducirlos al circuito comercial.

El juez procesó además en dos oportunidades al ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli. Primero por la distribución arbitraria de 48 millones de pesos en subsidios a 52 obras sociales. Y al día siguiente, le ordenó un embargo por 10 millones de pesos por asociación ilícita con el detenido y procesado Juan José Zanola, además de imputarle "fraude al Estado, negociaciones incompatibles para un funcionario público y encubrimiento".

La semana pasada cerró con la indagatoria y libertad de Venegas, quien fue enfáticamente respaldado por la CGT, y pese a su libertad quedó imputado por tres hechos: asociación ilícita, fraude al Estado y falsificación de marca por troqueles truchos.

El penalista Pablo Slonimski, defensor de Denaro, calificó a la acusación como "ridícula" y anticipó que su asistido "va a declarar y contestar todas las preguntas". Reveló además que en el transcurso de la audiencia pedirá la excarcelación.

Slonimski señaló que Denaro está imputado por presunta "defraudación a la administración pública", en perjuicio de la Administración de Programas Especiales (APE) mediante la presentación de troqueles supuestamente falsos y como "miembro de una asociación ilícita".

Denaro "contrató a un proveedor autorizado por la Superintendencia de Salud", afirmó el letrado quien enfatizó que "todos los pacientes existen, es decir no se falsificaron historias clínicas; y no hay ninguna víctima por suministro de medicamentos adulterados".

En el marco de esta misma causa, el viernes último el juez excarceló al sindicalista Gerónimo "Momo" Venegas, a quien había detenido el día anterior, luego de que el fiscal Luis Comparatore dictaminase a favor del pedido de los abogados del gremialista y luego que depositase una caución de 500.000 pesos.

La liberación de Venegas se produjo al término de una declaración indagatoria de alrededor de siete horas durante la cual el gremialista negó las imputaciones contra la obra social de los obreros rurales -OSPRERA- por supuesta malversación de dos millones de pesos girados por la APE. Sobre ese aspecto justificó los gastos argumentando que ese monto había sido destinado a la compra de veinte ambulancias equipadas para atender a afiliados en zona rurales, al tiempo que también rechazó los cargos por la presunta puesta en circulación de medicamentos peligrosos para la salud.