La decisión la comunicó este mediodía el titular de la PFA, Enrique Capdevila, a su par local, Eugenio Burzaco, y al jefe de Gobierno, Mauricio Macri. El jefe de la Federal explicó que el acuerdo entre ambas administraciones permite rescindir el contrato vigente, de acuerdo con la cláusula 17, siempre que se lo haga "por escrito y con una antelación no menor a un mes".

La medida que generó una nueva polémica entre la Casa Rosada y la Ciudad supone el retiro de 1400 agentes federales que serán reasignados a tareas de prevención en la calle. La ministra de Seguridad, a su vez, criticó la mala intención de quienes presentan la decisión del gobierno nacional como una medida de desprotección, e insistió en que responde a "una estrategia de seguridad (...), con más policía para todos los vecinos y no custodiando edificios o funcionarios". Garré manifestó además que los hechos relacionados con el robo al Hospital Piñero, denunciados en las últimas horas "son anteriores" a la decisión anunciada ayer y postergada hoy, y negó que los hospitales vayan a quedar "desguarnecidos”.

La ministra desestimó, en diálogo con Radio Continental, los cuestionamientos del jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, y de otros sectores de la oposición y recordó que en febrero último le adelantó "al ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, que queríamos poner más presencia policial en las calles y él lo entendió”. Puntualizó luego que la decisión fue adoptada para ofrecer mayor seguridad porque el policía en la calle “tiene poder disuasorio, ya que el delincuente se ve limitado, a la gente le transmite tranquilidad y, en caso de ocurrir delitos, la policía está ahí para conjurarlos”.

También recordó que la Policía Metropolitana cuenta con dos mil efectivos, "que es gente preparada, capacitada para esa tarea". Resaltó además que buena parte del personal de la Federal cumplía también tareas de custodia del propio jefe de Gobierno, de sus funcionarios y sus familiares.