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La iniciativa fue consensuada entre la mayoría de los bloques legislativos y aprobada en general tras más de tres horas de discursos. El proyecto introduce entre sus puntos destacables el cómputo de todas las acreencias de los trabajadores (sueldos atrasados y otros derechos que surjan de una liquidación final de haberes, incluida la indemnización) como forma de pago de la cooperativa para comprar la liquidación de la empresa.

El debate en comisiones que dio forma al proyecto permitió agregar el derecho de los trabajadores a tener participación desde el momento de la convocatoria de acreedores, estén constituidos como cooperativa o no. En la ley legislación que busca modificarse, los trabajadores son ajenos al concurso y solo intervienen como acreedores privilegiados, o sea, en caso de liquidación o acuerdo de pagos, deben ser los primeros en cobrar. Derecho que los abogados de las empresas se encargan de eludir.

Por eso, la norma incorpora la creación de un comité de control, en el que participan los trabajadores de las empresas, para que los empleados cuenten con información del proceso de concurso, mientras la legislación actual solo contempla un comité de acreedores.

Aunque el proyecto no beneficiará directamente a los trabajadores que ya tomaron el control de empresas fallidas, su conversión en ley les dará un elemento más a los jueces que entiendan en las causas para decretar la expropiación en favor de los empleados.

La presidenta de la Comisión de Legislación General, Vilma Ibarra, argumentó que la iniciativa llega para "cambiar el paradigma actual, que liquida la empresa y se entrega, por otro que pone en valor la continuidad de una empresa y pone en valor el trabajo de los empleados".

Además, recordó que, con las quiebras empresarias, los trabajadores "debían tomar de hecho los lugares y, ante los jueces, iban a solicitar hacerse cargo de la continuación de las empresas. Con esta iniciativa se establecen dos puntos: "la posibilidad de los acreedores de cobrar las deudas y la subsistencia de los trabajadores y sus familias".

Al cierre del debate, el jefe del bloque Frente Para la Victoria, Agustín Rossi, señaló que "las fábricas cerradas fueron símbolo de una época (en referencia a la década del '90)" y afirmó que el proyecto establece la igualdad de derechos para los trabajadores. Y advirtió que la iniciativa "no solo favorece a las 300 fábricas recuperadas, sino que hay otras tres mil empresas quebradas y otras tres mil en situación de concurso que involucra a casi 200 mil trabajadores".

El radical Juan Tunessi había expresado el respaldo de su bancada a la iniciativa y sostuvo que la norma es para que "el fracaso empresario no se traspase a los trabajadores".