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Familiares de las víctimas, especialmente los oriundos de Mendoza y Neuquén, esperaban que los cuerpos fueran identificados en aquella región para que luego les fueran entregados. Pero el magistrado resolvió que sean reconocidos en Buenos Aires, por la capacidad de peritaje.

Según el magistrado, en el paraje Prahuaniyeu, donde ocurrió la tragedia, no bien llegaron los expertos de la Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos y la Policía de Seguridad Aeroportuaria “se levantaron todos los restos humanos que existen y a su vez todos los rastros, desde la caja negra hasta todas las partes del avión, que van a ser acondicionadas y preparadas para su estudio".

Además, aseguró que se dio orden de "secuestrar toda la documentación (de la empresa) que ilustra las condiciones y las circunstancias y demás antecedentes del avión y del vuelo" para establecer si se habían cumplido todos los requisitos para viajar.

En tanto, la zona donde ocurrió el accidente, en el paraje Prahuaniyeu, en el sur de Río Negro, fue "vallado al efecto de que no se altere de ninguna manera y que no haya intromisión de nadie ajeno a la instrucción que podría alterar" la escena, un aspecto fundamental de la investigación de lo ocurrido.

Al ser consultado por la prensa en el aeroparque metropolitano sobre si el avión siniestrado el miércoles estaba en condiciones de volar, el empresario Juan Nyffenegger indicó: "Totalmente aseguramos eso". Y añadió que "eso está demostrado con los papeles de despacho del avión y también con la decisión del comandante de salir".

En cuanto a la afirmación del dirigente Ricardo Freccia de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, en el sentido de que la azafata rosarina Jésica Fontán, una de las víctimas, había denunciado irregularidades en las condiciones de trabajo, precisó que "no tenemos constancia de esas denuncias en la empresa".