El máximo tribunal invalidó la resolución 254 dictada el año pasado por el Consejo "en procura de sustraer a la Justicia -como Poder al que secundan todos sus agentes y en cuyos estrados pueden ventilarse cuestiones que de una u otra manera se vinculan con la política- de cualquier suspicacia respecto de su imparcialidad, que es cuestión primaria de su función trascendental", según la acordada difundida hoy.

La Corte sostuvo que hay "incompatibilidad" entre la labor judicial de los funcionarios y su afiliación o actuación política, "con la sola excepción de los empleados". Y en este último caso, con la prohibición de realizar propaganda, proselitismo, coacción ideológica en sus lugares de trabajo, en base a la acordada 31 de 1984 de la Corte. "Las disposiciones reglamentarias de la naturaleza en cuestión constituyen facultades inherentes de la Corte Suprema, como órgano superior del Poder Judicial, desde que se trata de una regulación que hace a la actuación de ese Poder y que resguarda y garantiza su independencia, de conformidad con el sistema de separación y equilibrio que es propio del régimen republicano de gobierno", consideraron los ministros.

Y concluyeron que "el Consejo de la Magistratura no cuenta con la atribución para dictar normas reglamentarias en cuestiones concernientes al régimen de incompatibilidades que decidió modificar, por lo que la resolución 254/10 ha sido adoptada al margen de su competencia".