Martes, 2 de agosto de 2011 | Hoy
22:03 › CASO SCHOKLENDER
El fiscal federal Jorge Di Lello se propone determinar los alcances del contrato firmado entre la empresa Meldorek S.A., atribuida a Sergio Schoklender, y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para establecer quién era el responsable final de la construcción de las viviendas del Programa Sueños Compartidos.
Di Lello le pidió al juez federal Norberto Oyarbide que le solicite a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) información sobre los representantes de Meldorek, quiénes importaron las maquinarias con las que se construyeron las casas y quiénes debían hacer los aportes patronales de los obreros.
El fiscal convocó para la semana que viene al exapoderado de la Fundación, para abrir las ocho cajas de documentación que su defensa presentó cuando se inició la causa, y de esa manera evitar planteos posteriores de posible violación de documentación. En la apertura también podrán estar presentes los representantes de la Fundación, que ayer fue aceptada ayer como querellante por el juez Oyarbide, por lo cual forman parte del expediente como damnificados y pueden solicitar medidas de prueba.
Schoklender, dueño del 90 por ciento de las acciones de la compañía; su representante, Gustavo Gotkin, director de la empresa, y otra decena de personas, entre ellas el también exapoderado de la Fundación y hermano de Sergio, Pablo Schoklender, están sospechados de desviar los fondos destinados a la construcción de viviendas, en el marco del programa administrado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
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