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La condena fue aplicada por el Tribunal Oral Federal contra el suboficial Noel Jesús Carreño, de 29 años, quien quedó inhabilitado por cuatro años para ejercer cargos públicos, a la vez que su condición de policía fue considerada como agravante por los jueces, aunque por el monto de la pena impuesta quedó en libertad condicional.

El policía fue denunciado, en 2008, por una joven a la que pretendió engañar con una oferta de trabajo para, en realidad, insertarla en una red de trata. Los cómplices del policía, que no pudieron ser identificados, también hicieron la misma oferta a varias jóvenes en nombre de personajes conocidos de la provincia, como un diputado nacional o jefes de la fuerza de seguridad provincial, quienes desmintieron su participación.

Entre las jóvenes convocadas a trabajar en el exterior por un sueldo en dólares y viáticos había también mujeres de la guardia urbana y de la propia policía, aunque sólo una concretó la denuncia junto a su familia.

Los denunciantes señalaron que fueron víctimas de presiones y persecuciones durante todo este período, según su testimonio. A la joven de 19 años, le habían ofrecido trabajar como promotora para una empresa de biodiesel a cambio de un sueldo de 2.700 pesos, más 3.000 dólares de viáticos y gastos, con la gestión rápida del pasaporte y pasajes a Estados Unidos, México, Brasil o Uruguay.

Después de contactarse con un supuesto empresario de apellido Vacarat, la joven y su madre decidieron acudir al diputado nacional Alberto Paredes Urquiza, cuyo nombre había sido invocado en la conversación por los intermediarios, quien negó tener vinculación con la organización y acompañó a la familia en la denuncia.

Respecto de la supuesta red, el único imputado y condenado fue Carreño por la mitad de la pena que había pedido la fiscalía, porque sus cómplices no pudieron ser identificados.

En tanto, en Buenos Aires el gobierno nacional acordó hoy con las provincias acciones conjuntas para combatir la trata de personas, en el marco de un encuentro del Consejo Federal de Derechos Humanos.

El secretario de Justicia nacional, Julián Alvarez, resaltó que "la lucha contra este flagelo mundial en Argentina es una política de Estado desde 2003", con la asunción del gobierno kirchnerista.

Alvarez explicó que "la trata de personas es el tercer delito en importancia en el mundo luego del tráfico de armas y de drogas" y como tal "requiere trabajo comprometido y mancomunado de todos los poderes del Estado para enfrentarlo con seriedad".

"La trata de personas cosifica al ser humano y lo degrada, y un Estado dedicado a impulsar políticas inclusivas y reparatorias en materia social y de derechos humanos no puede tolerar la existencia de ese delito", acotó.