21:01 › TODOS LOS DEDOS APUNTAN A CAVALLO

La Justicia investigará la estatización de la deuda externa privada

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le pidió a la Procuración General del Tesoro que evalúe si corresponde "el inicio de acciones de reparación" contra los funcionarios que transformaron 17.000 millones de dólares en deuda pública -durante la última dictadura militar-, y las empresas que se beneficiaron a costa del Estado".

El magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal Federico Delgado, quien había reclamado -en un dictamen de nueve carillas- que se "remita copias de las partes pertinentes al Procurador del Tesoro. la solicitud se realizó en el marco de una antiquísima causa en la que se investiga la estatización, en 1982, de la deuda pública, en la que habría intervenido el entonces titular del Banco Central (BCRA) y luego ministro de economía menemista y de la Alianza, Domingo Cavallo.

El fiscal recordó que la estatización se dispuso en septiembre de 1982 y "significó, aproximadamente, el monto equivalente a diecisiete mil millones de dólares, del total de los cuarenta y tres mil millones de dólares que aglomeraba la deuda externa declarada en el año 1983" y contraída durante la última dictadura militar. Delgado señaló que "el objeto procesal que abarca esta 'mega causa' es complejo y requiere una mirada contextual para comprender los hechos que derivaron en el incremento del endeudamiento de la Argentina", y agregó que "la investigación contiene una significancia y un simbolismo que trascienden los intereses particulares a los que estamos acostumbrados a tratar en el ámbito penal".

En su presentación, Delgado señaló que "las empresas del sector privado se beneficiaron progresivamente con los regímenes de seguros de cambio instaurados, a partir del año 1981, por el Banco Central de la República Argentina". "En palabras del economista Eduardo Basualdo, 'en el fracaso dictatorial y el advenimiento del nuevo gobierno constitucional, no se produjo una impugnación de la legalidad, ni de la legitimidad de lo actuado por la dictadura militar en materia de los seguros de cambio o de la estatización de la deuda externa privada`" recordó el fiscal. Finalmente, Delgado citó anteriores dictámenes de la Procuración General del Tesoro, según los cuales "el ejercicio de la acción civil, sea en sede penal o de modo independiente en sede civil tiene como sustento en que su titular -en el caso el Estado Nacional- haya sufrido algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, es decir un daño material".

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