De acuerdo con el comunicado emitido por el Centro, "el magistrado investiga la eventual comisión del delito previsto en el artículo 300 inc. 1 del Código Penal que reprime a quien hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado. Con ese propósito requirió a ciertos diarios que informen si las consultoras pusieron publicidad o efectuaron otros pagos a los medios, y los nombres, domicilios y teléfonos de quienes hayan publicado artículos sobre la inflación.

"El papel de los medios y periodistas es relevante para la causa y no por cuestiones éticas, sino para determinar si participaron a sabiendas en la divulgación de informes falsos. Esto no puede ser objeto de presunción sino de prueba.

"El CELS -concluye el comunicado- se ha pronunciado reiteradamente a favor de la preservación de los derechos de los medios y periodistas a investigar y difundir informaciones y opiniones así como los del público a recibirlas. También ha actuado judicialmente para obtener acceso a la información en temas vinculados al INDEC en conjunto con investigadores universitarios. Reitera en este caso la constitucionalidad de la preservación de las fuentes de la información periodística y la conveniencia de despejar cualquier sospecha de publicaciones basadas en operaciones económicas, mucho más si ocurren a cambio de pagos explícitos o implícitos de sumas dinero".