Según los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, es la UIF y no Sbatella quien tiene como función "la lucha contra el lavado de activos" como "dispositivo principal" en base a las funciones que se le otorgaron en el decreto de creación y a "compromisos internacionales asumidos por el Estado".

El fundamento que se basa en la impertinencia de Sbatella "no es válido" para excluir a la UIF de "participar" en la causa como querellante, es decir sugiriendo medidas de prueba, tomando parte del expediente y eventualmente en un futuro participando como acusadora en un juicio oral, dice la decisión. "Se tiene en cuenta a la UIF como organismo más allá de quien sea su titular en determinado período", añadió.

Oyarbide investiga a los hermanos Schoklender y a otra decena de imputados en la causa penal abierta por supuesta defraudación y lavado de dinero en el uso de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas en el marco del programa "Sueños Compartidos" de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.