[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

En las cinco carillas del fallo, se recuerda que el expediente se inició el 7 de mayo de 1992 y que en su trámite "intervinieron a lo largo de los años más de ocho magistrados -tanto de la jurisdicción ordinaria como de este fuero federal-, distintos tribunales de Alzada y la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

En diversos expedientes conexos, se dictó la prescripción respecto del empresario Hugo Szeinbaum, otros de los involucrados en la megacausa donde se investigó la concesión de la denominada "escuela shopping" en referencia al establecimiento educacional "Presidente Mitre", ubicado en Sarmiento y Avenida Pueyrredón, en inmediaciones de Plaza Miserere.

En el último fallo los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah concluyeron que no obstante el sobreseimiento definitivo del exIntendente y "dado que detrás de la maniobra investigada subsistiría un conflicto de naturaleza patrimonial, la extinción de la acción penal dirigida contra Carlos Grosso no ha de frustrar la procedencia de reclamos de ese orden o acciones de recupero".

Se investigaba en el expediente la cesión al empresario Salomón Salem -efectuada mediante una ordenanza votada en la madrugada del domingo 30 de diciembre de 1990 por los ediles que entonces componían el ex Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires- para la explotación de 17 locales a construir en la planta baja de la escuela. Ello originó que el entonces concejal Aníbal Ibarra formulase, en 1995, una denuncia penal contra Grosso, los exediles radicales Miguel Herschberg, Héctor Fernández y Tomás Bres y los beneficiarios de la concesión, los empresarios Salem, Szeinbaum y Sofía Maraschi Levi por presunta administración fraudulenta.

Durante el mes de abril último se produjo el desalojo de los 17 comerciantes en base a lo resuelto por la Legislatura que sancionó la ley para restituir a la Escuela el uso de los inmuebles en cuestión "ubicados en su franja perimetral” y que habían sido cedidos mediante la polémica ordenanza 44.832.