La empresa de Brufau mostró su descontento al elevar una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, en la que considera que "no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública y qué se persigue con la misma". Sin embargo, la presidenta, Cristina Kirchner, mostró las bajas de producción que llevó al país a importar petroleo y señaló: "De proseguir con la política de vaciamiento, de falta de producción y de exploración, nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por falta de recursos".

La petrolera española repitió los conceptos dichos por el canciller español, José Manuel García Margallo, y el ministro de Industria, José Soria, respecto de que la expropiación "supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF, violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional".

La petrolera dice también que "se reserva expresa y plenamente todos los derechos y acciones que pudieran corresponderle conforme al Derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el tratado de protección de inversiones Argentina-España" y que "llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas".