El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó que "para ingresar en el programa es condición necesaria que un preso de ETA manifieste rotundamente, clara, firme y solemnemente su voluntad de dejar de pertenecer a la organización terrorista". Sin embargo, para que los presos sean trasladados de las cárceles españolas, en las que se encuentran, a las que están en el País Vasco, el rechazo a la violencia y la desvinculación de la organización son “condición necesaria pero no suficiente”, dijo.

La iniciativa incluye a unos 30 de miembros del Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, creado en los '70, a unos 50 relacionados con atentados islamistas o con Al Qaeda y a cientos de personas condenadas por delitos de crimen organizado. “Es un plan que no atribuye beneficio penitenciario alguno ni es un cambio en la política antiterrorista”, aseguró el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, al hacer el anuncio en La Moncloa, luego de reunirse con el Secretario General de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen.

Según el funcionario, los reclusos de ETA deberán cumplir con el resto de requisitos que establece la ley penitenciaria y advirtió que si se comprueba que la voluntad del etarra de abandonar la violencia es falsa, “se volvería a su punto de origen”. El acercamiento no será automático, sino parte del programa integral de reinserción, que tendrá lugar en el interior de las cárceles y que busca “evitar una radicalización de los reclusos”, así como prepararlos para su salida, con formación laboral y “educación en valores de convivencia democrática”, señaló.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Voces contra el Terrorismo (VCT), expresaron su “indignación” por el plan del gobierno. El responsable de VCT, Francisco José Alcaraz, manifestó que el PP da continuidad a la política socialista “metiendo bajo una aparente legalidad el acercamiento de presos y su excarcelación”.