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Poco después de los enfrentamientos, Filizzola había descartado que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tuviera alguna vinculación con el desalojo, en el que participaron 150 campesinos y 300 policías, y acusó a los ocupantes de haber iniciado los disparos: "Hubo disparos de parte de ellos, la Policía tuvo que responder", subrayó, y agregó que "se actuó en base a una orden judical. Hemos actuado como la ley manda. Sabíamos que había armas, sobre todo rifles, escopetas y armas cortas. Por eso enviamos al lugar a 300 efectivos para cumplir con el desalojo", explicó.

Relató que cuando los jefes policiales fueron para negociar con los líderes campesinos, "fueron recibidos a balazos", momento en que se registraron las bajas. Los ocupantes del terreno, una reserva natural propiedad del empresario Blas Riquelme, se dispersaron y se internaron en una zona boscosa pero fueron rodeados por las fuerzas de seguridad.

La propiedad de Riquelme, empresario del sector de los supermercados, está en una región ocupada en gran parte por los llamados "brasiguayos", prósperos productores de soja brasileños, instalados desde hace 40 años en las tierras más fértiles del país, en la cuenca del río Paraná, en la zona fronteriza de Paraguay con la Argentina y Brasil.

El presidente Fernando Lugo repudió los enfrentamientos y manifestó su "absoluto respaldo" a las fuerzas de seguridad en un breve comunicado y extendió sus pésames a los familiares de los policías fallecidos. Agregó que ordenó a las Fuerzas Armadas apoyar con sus efectivos el operativo policial "de acuerdo a la constitución y la ley". "Todas las áreas del gobierno están trabajando en este momento en líneas de acción para devolver la calma y la tranquilidad a Curuguaty", manifestó.

El Senado, mientras tanto, convocó de urgencia a un plenario para debatir el establecimiento del estado de excepción en el departamento de Curuguaty, donde se registraron los hechos. El dirigente campesino José Rodríguez, estrechamente vinculado al presidente Lugo, alertó que el enfrentamietno "pudo haber sido un autoatentado de la policía" para justificar las muertes de los sin tierra.

La Asociación Rural de Paraguay (ARP) calificó de "gravísimo" lo sucedido: "Estamos convocando a los miembros de la Rural para emitir un comunicado porque esto es gravísimo", denunció Germán Ruiz, titular de la ARP. Héctor Cristaldo, por su parte, de la Unión de Gremios de la Producción, señaló que urge un juicio político contra Fernando Lugo.

Después de que se conociera el saldo parcial de los enfrentamientos, Blas Riquelme advirtió que "no vamos a ceder, vamos a usar todas nuestras fuerzas para que prime el derecho a la propiedad privada y de una unidad económica que está produciendo. Esta es una estancia modelo para mostrarle a cualquiera en nuestro país", agregó el empresario, cuyas tierras están entre las que reclaman las organizaciones de campesinos sin tierra.