Viernes, 15 de junio de 2012 | Hoy
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La Sala I de la Cámara Federal, al intervenir en un conflicto de competencia entre el juez Norberto Oyarbide y el de instrucción Rodolfo Crescieri, quienes se negaban a tomar la causa, le ordenó al primero que investigue si hubo anomalías en el manejo de los fondos del contrato firmado entre el Gobierno porteño y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para la instalación de un sistema de cámaras de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.
La administración de Mauricio Macri y la UTN acordaron la implementación de un sistema de vigilancia y control mediante cámaras de seguridad, pero según la denuncia presentada en marzo pasado por del titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Guillermo Noailles, la Universidad habría subcontratado a otra empresa para ejecutar el servicio. La denuncia recayó en Oyarbide pero se declaró incompetente y se la envió a Crescieri, quien tampoco la aceptó por considerar que puede haber funcionarios nacionales involucrados y, por lo tanto, debe ser investigada por la justicia federal. La Cámara ahora derivó el expediente a Oyarbide y señaló que "se desconocen los alcances de la maniobra, y la intervención que en ella pudieron tener otros funcionarios, tanto locales como nacionales"
Oyarbide deberá investigar, entonces, si el decano de la UTN subcontrató de manera ilegal a la empresa privada "CODESUR S.A" para que ejecutara una parte del servicio, y si en la maniobra intervinieron funcionarios nacionales.
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