El funcionario dijo que la medida, contemplada por la ley antiterrorista, ya fue aplicada en el caso del excapitán de navío y jefe de la ESMA, Jorge Vildoza, prófugo desde 1983, cuando comenzó a ser investigado por la apropiación de un nieto desaparecido, que luego fue identificado como Javier Gonzalo Penino Viñas, hijo de Cecilia Viñas y de Héctor Penino, secuestrados el 13 de julio de 1977. La esposa de Vildoza, Ana María Grimaldos, fue detenida en junio de este año, y actualmente está acusada por el delito de supresión de identidad.

Sbatella señaló que la legislación habilita a congelar los bienes de aquellas personas encuadradas en el esquema de financiamiento del terrorismo. "En el caso de los prófugos (...) hay una estructura económica que los sostiene, de hecho eso se comprobó en el caso Vildoza", indicó. El titular de la UIF afirmó que de "los otros 44 prófugos tenían actividades empresariales, tarjetas de crédito y, en algunos casos, extensiones y jubilaciones".

El titular de la UIF advirtió que el bloqueo de los bienes se mantiene mientras permanezcan prófugos. "La filosofía es paralizar los movimientos del terrorista y de las organizaciones que están detrás", y en caso de que la Justicia compruebe el origen espurio de los mismos se los confisca.

Sbatella denunció, además, que "dentro de la ESMA existió una unidad específica que se dedicaba a administrar los bienes robados a los secuestrados", y que su organismo investiga el destino de aquellos bienes, tanto en la Argentina como en el extranjero.