La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló en conferencia de prensa que "se trata de paralizar la fase final" de una ejecución hipotecaria, o sea, de evitar, por un lapso de dos años, que la familia afectada sea expulsada de su vivienda. La prórroga se hará efectiva para las familias cuyos ingresos sean menores a los 1.600 euros mensuales, según indicó el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El Gobierno también aprobó la creación de un fondo social de viviendas que se destinarán a alquiler para las personas que hayan perdido su casa. Guindos explicó que la bolsa de casas del nuevo fondo social se nutrirá de los inmuebles que estén en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos.

En ese sentido, la vicepresidenta prometió que los alquileres tendrán "precios bajos" y aseguró que en el futuro habrá más medidas para paliar los desahucios. "Lo aprobado hoy es una respuestas urgente y paliativa a la dura situación económica, una primera fase", señaló.