Auat, también titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, recordó los reclamos efectuados tanto al Consejo de la Magistratura como a la Corte Suprema que determinaron la renuncia de Olivera Pastor y la designación de Fernando Poviña. "Más allá de los trámites y de lo que significa una causa intrínsecamente, lo que queda expuesto es la anomalía de un sistema que era necesario visibilizarlo y que desde esta Unidad exhortamos para que los funcionarios judiciales actúen con celeridad en estas causas que luchan contra la impunidad biológica", señaló.

Es que Poviña fue quien dictó el procesamiento del empresario dueño del ingenio Ledesma por los delitos de "privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidio y violación de domicilio" como parte de los operativos de las fuerzas represivas. Además dictó un embargo por 11 millones de pesos para Blaquier, mientras que en el caso de Lemos el embargo alcanza a 5 millones y medio de pesos.

El fiscal Pelazzo también elogió la decisión, consideró "muy importante que se haya evaluado que existen pruebas fuertes en relación a la comisión de esos delitos" e interpretó que "el procesamiento de ambos implica que se confirman los elementos presentados en la causa".

Por su parte, Inés Peña, de Madres de Jujuy, destacó que los procesamientos fueron producto de resultado de "medidas de carácter técnico, abogados, como de la lucha política en defensa de los principios como memoria, verdad y justicia por los derechos humanos".

"El juez Fernando Poviña ha comprendido el reclamo de familiares y la Noche del Apagón no es un mito, sino un hecho trágico, una tragedia social", opinó la mujer, quien remarcó que desde la organización que representa "no queremos venganza, tampoco nos alegramos, lo tomamos con responsabilidad".

Señaló además que Blaquier y Lemos "tendrán la garantía de defenderse" y nosotros vamos a "continuar nuestra lucha hasta llegar a la verdad por otros hechos también".