Los vecinos dejaron en claro que no se niegan al traslado, piden que "por respeto a la historia construida en tantos años", las viviendas se construyan dentro de predios cercanos al barrio. En ese sentido, el delegado Mario Gómez explicó que durante la última dictadura militar, el barrio resistió un proyecto de similares características.

Por su parte, el padre Toto, sacerdote de la Parroquia de Caacupé, referente del movimiento de curas villeros, que acompañó al grupo, sostuvo que "la relocalización está bien pero hay que tener en cuenta la red de contención social y familiar que tienen los vecinos" dentro del barrio y que se rompería si los envían lejos.

"Pensamos que hay terrenos ociosos cerca que bien pueden servir para hacer viviendas, para evitar que gente que ya sufrió desarraigos, porque nadie vive cerca del Riachuelo porque le gusta, sufra una nueva situación similar", agregó.

Durante la movilización, los vecinos le entregaron el petitorio a Maximiliano Von der Heyde, funcionario del Gobierno de la Ciudad encargado de la relocalización de asentamientos y villas afectadas por la el fallo "Mendoza" de la Corte. Von der Heyde se limitó a responder que desde la administración están dispuestos a seguir dialogando y negociando.

"Queremos darle solución al problema de las 1334 familias y hacerlo de la mejor manera, es verdad que hay un porcentaje de terrenos en otras zonas de la Ciudad y tenemos que cumplir con lo que manda la Corte", afirmó el funcionario, aunque se excusó de dar precisiones de cuantos son las viviendas planificadas fuera del perímetro pedido por los vecinos.

El Cuerpo de Delegados que representan a los vecinos denunciaron que "a casi dos años de constituída la Mesa de Trabajo entre los delegados de las familias afectadas con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y vencidos todos los plazos judiciales dados por la Corte Suprema, no se ha llevado a cabo ninguna relocalización y todavía faltan los terrenos para construir más de 450 viviendas".

En el marco de la causa judicial denominada caso "Mendoza", que tramita ante el máximo tribunal se ven afectas las 1.334 familias del barrio por la liberación del camino de sirga, tarea contemplada en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Para avanzar con esa tarea, las familias deben ser relocalizadas en viviendas que debe entregar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.