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En el Salón Azul del Senado se llevó a cabo la audiencia pública para tratar la situación de la minera Vale, que decidió hace un mes suspender el proyecto Potasio Río Colorado, que incluía la extracción de potasio en la localidad mendocina de Malargüe para su traslado a Brasil. En el recinto se hicieron presentes el Gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y el Secretario General de la Uocra, Gerardo Martínez.

De parte de la empresa brasileña, el asesor Adolfo Duragnona leyó al inicio de la reunión una carta en la que atribuyó la suspensión del proyecto a que la inversión inicial prevista por Vale, de 6 mil millones de dólares, se duplicó a 12 mil millones por las obras adicionales solicitadas por los gobiernos provinciales involucrados en el emprendimiento. "Nuestros intentos para mantener el proyecto fueron innumerables e incansables", argumentaron desde Vale.

"Se llevaron a cabo varias reuniones adicionales, en las cuales Vale propuso una serie de iniciativas, que de haber sido efectivizadas hubiesen mejorado el atractivo del proyecto. Paralelamente, la empresa salió en busca de socios para hacer frente a los compromisos futuros de inversión, sin haber tenido a la fecha resultados favorables. A pesar de lo anterior, Vale continuará buscando compradores para el proyecto", expresó el representante de la compañía.

En tanto, el gobernador mendocino, Francisco Pérez, indicó que la situación ha causado "una incertumbre muy grande" en la provincia, así como en Neuquén, La Pampa y en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, también involucradas en el proyecto. Al respecto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, informó que de no alcanzarse una solución en el conflicto que afecta a cerca de 3000 trabajadores se podría poner en marcha "el procedimiento preventivo de crisis" para extender la conciliación obligatoria.

"De no alcanzarse una solución, el Ministerio tiene expresas instrucciones de la Presidencia de la Nación para poner en marcha el procedimiento preventivo de crisis para que el plazo de cobertura de los trabajadores se extienda 30 días más", explicó el ministro, y recordó que la conciliación obligatoria rige hasta el 22 de abril. Tomada aseguró que el Gobierno busca "garantizar la paz social".