Julián Alvarez señaló que el nuevo proyecto incorporará la figura de "vida digna" a los derechos protegidos por las cautelares, que se mantendrá el plazo de vigencia de las mismas de seis meses, prorrogables por otros seis, pero que se establecerá que el juez estará "obligado" a dar celeridad al trámite. Además, en los los casos en los cuales esté comprometida la libertad sindical, el Estado podrá interponer una cautelar contra una medida gremial sólo si afecta un servicio esencial, si se concretó sin previo aviso y si no se acatara una conciliación obligatoria.

El senador Aníbal Fernández, por su parte, indicó, al finalizar la reunión y ante una consulta de su par radical Nito Artaza, que las incorporaciones al texto admitidas por el Ejecutivo se van a hacer "a viva voz" cuando el proyecto se trate en el recinto el próximo jueves.