Lunes, 6 de mayo de 2013 | Hoy
22:53 › CORTE EN PANAMERICANA
Los trabajadores de la multinacional cortaron durante varias horas la intersección de Panamericana y 197. Afirman que 16 empleados fueron echados por "el simple hecho de realizar una asamblea legalmente autorizada por SMATA".
El personal cortó la autopista frente a la planta, a 500 metros de la intersección de la ruta 197, en rechazo de "los despidos producidos por la patronal y ante la posibilidad de que no se avenga al reclamo de reincorporación", explicaron los delegados. Los representantes de base señalaron que 16 trabajadores fueron despedidos por "el simple hecho de realizar una asamblea legalmente autorizada por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)", gremio al que pertenecen.
"Luego de días de lucha hace algunas semanas, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria", señalaron. El conflicto se originó por el reclamo obrero de pago de un adicional de 100 horas, que era abonado de forma anual y, en 2012, "de manera ilegal y unilateral dejó de efectivizarse".
Los trabajadores también exigen "la efectivización de los contratados y mejoras de las condiciones laborales, de higiene y seguridad", ante lo cual "la patronal decidió las cesantías". Los delegados señalaron que la legitimidad de sus reclamos fue demostrada en el acta de inspección 0449-000362, labrada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires el 23 de abril último, que sancionó e intimó a la empresa a cumplir las medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
El personal fue respaldado por el ex Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y las Madres de Plaza de Mayo, además de otros organismos de derechos humanos, quienes se comprometieron a enviar una carta al Ministerio de Trabajo y a la empresa para expresar su preocupación por "la gravedad de la situación".
Los trabajadores solicitaron la intervención del gobierno en el conflicto para que "un monopolio norteamericano no destruya puestos de empleo, ya que factura 1800 millones de dólares y no duda en violar derechos constitucionales y leyes laborales vigentes, como las asambleas y reclamos por legítimos derechos".
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